La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) elaboró un documento exhaustivo de propuestas que apuntan, según subraya la entidad, a mejorar las bases, el funcionamiento y los resultados de la actividad económica y social del país. Para ello, desde la institución, instan a la construcción de consenso entre el sector público y privado respecto a la necesidad de adoptar un cambio integral de paradigmas.
Entre los principales puntos, se propone abordar el tema de la pobreza “mediante la conversión de los subsidios y planes en trabajo digno a desarrollarse en el espacio público y en diversas obras y servicios que tienen severas carencias”. Según indica el documento, se estima que un 30% de los hogares argentinos y el 40% de la población percibe programas sociales de transferencias monetarias, pensiones no contributivas o asistencia alimentaria directa. Agrega que a nivel nacional – es decir, sin tener en cuenta la multiplicidad de programas provinciales y municipales– hay en funcionamiento por lo menos 36 programas sociales que buscan atender las diferentes problemáticas de los sectores de la población que son más vulnerables económicamente.
“La propuesta consiste en que debería impulsarse -no solo por su costo fiscal sino también por el valor que tiene el trabajo como factor de cohesión social- la transición desde el simple esquema de otorgar subsidios hacia el de la obtención del empleo productivo, mediante la refundición de estos subsidios en el programa puente que posee el gobierno y la suscripción del Acta Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, la Secretaria de Gobierno de Empleo, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación de Mediana de Empresa y el Instituto Argentino de Capacitación Profesional Tecnológica para el comercio, con fecha 28 de mayo de 2019”, señala.
A juicio de la Cámara, “todas aquellas situaciones que no admitan el trabajo por carencia de capacitación deben someterse a procesos de formación, quedando el subsidio del Estado exclusivamente en los sectores de pobreza estructural”. En tal sentido, subraya que “el modelo de ejecución tiene que preservar a las personas del vasallaje de la administración de los programas”.
PROGRAMA DE LARGO PLAZO
En lo que respecta a la situación macroeconómica, el documento de la Cámara de Comercio pondera la necesidad de lograr estabilidad en variables como la tasa de inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. Pero para alcanzar ese objetivo, pese a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se niega a hablar de plan económico, las empresas nucleadas en esta entidad aseguran que “se requiere de un programa de largo plazo con sustentabilidad en los objetivos generales”, lo que “permitirá mejorar la capacidad de consumo, fortalecer el ahorro, el crecimiento del financiamiento y la inversión”.
Entre los principales puntos que aborda la institución gremial, resalta la reducción del gasto público, ya sea por la conversión del subsidio en trabajo o en capacitación con programas temporales; por el incremento de la eficiencia del sector público, respetando la carrera administrativa, la evaluación, la capacitación y el ingreso o ascenso por concurso, o por la sustentabilidad del sector previsional.
Así, sostienen, “resulta clave la disminución de la incidencia relativa del gasto público en términos del PBI, para evitar la caída de la productividad de la economía nacional e incrementar la riqueza a distribuir”. Además, consideran, “es fundamental una política de transparencia absoluta, controlada independientemente de los niveles de decisión y ejecución y con un régimen sancionatorio severo e inhabilitaciones perpetuas”.
Por otra parte, manifiestan que actualmente la monead local es “sólo un instrumento de pago legal”, por lo que instan a “determinar los mecanismos y procedimientos necesarios para dotarla de una de sus funciones esenciales, como es la preservación de valor y la recuperación de la confianza”, y a evaluar “la factibilidad de esquemas alternativos”, porque, subrayan que existe “un sistema bimonetario en funcionamiento”.
En tanto, exhortan a modificar el sistema tributario para que sea “funcional a la prosperidad y al progreso”. De esta manera, opinan que habría que encarar un doble ajuste: reducir la presión impositiva y simplificar los procedimientos. Afirman que actualmente hay un “exceso de carga tributaria, superposición con los tributos subnacionales, inestabilidad reglamentaria, notorio avance sobre los derechos de los contribuyentes, carencia de apoyos a las pymes, a las economías regionales y a la productividad; desaliento a las exportaciones y financiamiento de la actividad pública por medio de las percepciones, anticipos y retenciones, con un pronunciado sesgo de prescindir de la capacidad contributiva”. En definitiva, concluyen, “no es un sistema tributario”, sino “un sistema de recaudación”.
REDACCIÓN ON24
