Un amplio conjunto de referentes de la arquitectura, la planificación urbana y el ámbito académico solicitaron formalmente que la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe incluya al ordenamiento territorial como un principio rector. Consideran que se trata de una herramienta clave para el desarrollo sostenible, la protección ambiental y la generación de condiciones claras para la inversión privada.
La iniciativa fue impulsada por las facultades de Arquitectura de la UCSF, UNL y UNR, en conjunto con el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia y el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas (CURDIUR). En encuentros realizados en Rosario y Santa Fe, con la participación de convencionales constituyentes, legisladores y representantes de instituciones públicas y privadas, se coincidió en que la ausencia de un marco normativo integral sobre el uso del suelo urbano, periurbano y rural es una de las principales causas de desorganización y conflictos territoriales.
“La falta de planificación termina afectando tanto a los actores económicos como a la calidad de vida de la población”, sostienen los especialistas. De hecho, más de 300 de las 365 localidades santafesinas carecen de cualquier tipo de instrumento de planificación, lo que deriva en decisiones improvisadas, superposición de normativas y conflictos ambientales.
En ese sentido, proponen que la Constitución habilite una ley provincial de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial, que fije criterios comunes y articule las distintas escalas de planificación: local, metropolitana y regional. También se plantea avanzar hacia una gestión intermunicipal, que permita coordinar esfuerzos entre localidades vecinas para resolver problemas comunes como infraestructura, movilidad, residuos o preservación ambiental.
Aunque existen decretos y normas parciales —como los que regulan el uso de fitosanitarios o protegen el patrimonio natural—, los firmantes advierten que no hay un marco legal que integre estas políticas sectoriales bajo una visión territorial unificada. Por eso, reclaman un abordaje técnico, político y participativo, que no quede sujeto al voluntarismo local ni a la coyuntura.
La propuesta pondría a Santa Fe en línea con provincias como Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Formosa y Catamarca, que ya cuentan con leyes específicas en la materia. “Sin reglas claras no hay previsibilidad para los inversores, ni seguridad jurídica para los ciudadanos”, concluyen los impulsores del documento, convencidos de que ordenar el territorio es también ordenar el desarrollo.
