El Gobierno nacional oficializó el Decreto 787/2024, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo, que actualiza el marco regulatorio de la educación privada sin aportes estatales, es decir, aquellos colegios que representan alrededor del 6% del sistema educativo argentino (unos 2.000 establecimientos).
Hasta ahora, regía el Decreto 2417/1993, que imponía una regla similar a una “ley de alquileres”: los colegios debían fijar sus aumentos anuales de manera anticipada, con vigencia durante todo el ciclo lectivo. Esto provocaba que en marzo se aplicaran subas muy elevadas para cubrir la inflación esperada de los siguientes doce meses.
Con la derogación de ese esquema, las instituciones podrán ajustar sus cuotas de manera gradual y realista, en función de la evolución económica. Así, se busca evitar los saltos bruscos de marzo y dar mayor previsibilidad al gasto de las familias, al tiempo que se alivian las tensiones financieras de los propios colegios, que hasta ahora se veían forzados a anticipar escenarios inflacionarios inciertos.
El nuevo régimen también alinea las reglas con las que ya rigen para universidades e institutos privados, que nunca tuvieron este tipo de restricciones y ajustan sus aranceles sin distorsiones ni sobrecargos preventivos.
En términos prácticos, las familias dejarán de enfrentar los incrementos “anuales” desproporcionados de marzo, y los colegios podrán acompañar la dinámica económica mes a mes o trimestre a trimestre, como sucede en otros sectores de servicios.
