Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe 13/7/2025
Desde el momento en que obtuvo el apoteótico triunfo el 10 de septiembre del 2023, Maximiliano Pullaro puso en marcha el operativo Reforma Constitucional. Con las históricas dos Cámaras legislativas a favor, hubiera sido inconcebible que no lo hiciera. Este histórico lunes 14 de julio será una realidad.
Por estas horas, el anecdotario de la política comenta sobre afiebradas reuniones en pos de lograr el punto esencial de la reforma: su reglamento. “Estamos muy cerca de lograr un reglamento de consenso, no de unanimidad”, confió a nuestro Diario un destacado convencional radical. Es que naturalmente, sin reglamento la Convención no podría sesionar; aunque la Ley de Necesidad prevé que hasta tanto se sancione, lo podría hacer con el actual de la Cámara de Diputados.
El reglamento debe indicar, entre otras tantas cuestiones, cuantas comisiones se crearán, sus facultades, las potestades de la presidencia y vicepresidencias (¿cuántas?), modo en que se sancionarán las reformas y agregados, ¿cuándo y cómo serían los plenarios de comisiones y los debates en el recinto? y decenas de etcéteras más.
Por ejemplo: la mayoría agravada (dos tercios) ¿se aplicaría para la modificación del artículo 64 de la Constitución que versa sobre el mandato del Gobernador y Vice?; ¿también para el lugar que ocuparán en el nuevo diseño constitucional el MPA (y quién controlará a los fiscales) y el SPPDP junto con el Consejo de la Magistratura?, sin perjuicio de otras figuras para los cuales también se podría necesitar de mayorías agravadas.
El Art. 29 de la Ley de Necesidad de la Reforma – aludido por una parte de la oposición a su favor- que define que “toda normativa electoral y de partidos políticos será regulada por ley aprobada por mayoría especial de cada Cámara”, no se estaría refiriendo a la Convención en sí misma.
Todo será cuestión de interpretación.
Fin de las Comunas. ¿Habrá “cronómetro cero” en el 2027?
¿Cómo encarará Convención Reformadora (no Constituyente) la nueva figura de las actuales Comisiones Comunales?. ¿Pasarían a llamarse Comisiones Municipales con cuatro años de mandato?, ¿tendrían concejos deliberantes?, ¿serían rentados o ad honorem?.
En cuanto al mandato de cuatro años “para todo el mundo con una sola reeleccion”, ¿qué pasaría con las 19 municipalidades que tienen elecciones a “contra turno” como en este año?. ¿En el 2027 deberían sus recientes electos intendentes volver a presentarse en las urnas por el último período y no en el 2029? (si la Convención dispusiera que “todo el mundo” tendrá una sola reelección y este período se considera como inmediato precedente). ¿Se pondría acaso el “cronómetro en cero” en el 2027?; además la idea es que en aquellas ciudades con más de 20 mil habitantes, cada dos años se renueven – como ahora – los concejos deliberantes por mitades.
Cuarenta y dos discusiones puntuales mas los agregados que desde este lunes y hasta el 14 de setiembre como plazo máximo, 69 Convencionales Reformadores (de los cuales 28, 40.58%, son actuales legisladores) comenzarán a debatir, discutir y porque no denunciar (toda vez que conociendo el talante de varios reformadores, no dudamos que la cuota de polémica estará garantizada) con el fin de lograr una nueva Constitución para la Provincia de Santa Fe.
Pullaro y las polémicas leyes que sancionó el Congreso
El gobernador santafesino quedó envuelto en la polémica – mediática – sobre la votación el viernes pasado en la Cámara de Senadores de la Nación del paquete previsional, y la declaración de emergencia en materia de atención pública a las personas con discapacidad, por haber “mandado (a los dos senadores radicales) a votar en contra” (del gobierno). Eso no fue así.
La secuencia comienza con un zoom de urgencia el día jueves entre diez gobernadores (entre ellos Pullaro desde EEUU) que resolvieron no apoyar los dos proyectos que preocupaban al Gobierno: el previsional y emergencia en discapacidad, por considerarlos una “bomba fiscal”, desmarcándose de la postura del kirchnerismo, según cita el portal Infobae.
Los gobernadores apoyaban, en cambio, las dos leyes enviados por ellos: Redistribución del Impuesto a los Combustibles y ATN, que su entender no tienen costo fiscal para el gobierno nacional.
Mientras tanto, la Vicegobernadora de la Provincia Gisela Scaglia había posteado en X que “defender el federalismo también es sostener el equilibrio que el país necesita. Poner en riesgo lo que los argentinos construimos con tanto esfuerzo no es el camino”, dijo. Tras señalar que “Santa Fe no reclama lo que no le corresponde”, Scaglia sostuvo que “el camino no puede ser hipotecar el futuro de un país con proyectos que el kirchnerismo quiere imponer desde el Senado”.
Carolina Losada y Eduardo Galaretto son los dos Senadores Nacionales radicales (el restante es el peronista Marcelo Lewandowski) por Santa Fe. Losada nos explicó que sólo votaron a favor la emergencia en discapacidad y el aumento del 7.2%, mientras que el aumento del bono y la moratoria los votaron en contra. Y obviamente a favor la redistribución del Impuesto a los Combustibles y los ATN.
La Senadora Nacional explicitó que “de todos modos nuestro voto iba a ser testimonial, toda vez que el peronismo ya tenía los propios”; indicando además que entraron a la sesión después que lo hicieran la Vicepresidente Villarruel y el titular del bloque de LLA Ezequiel Atauche.
Santa Fe y su paso por EEUU
Que lo urgente no distraiga lo importante: Pullaro y sus Ministros de Economía Pablo Olivares y Desarrollo Productivo Gustavo Puccini regresaron de Washington y Nueva York con buenas perspectivas en función de los contactos realizados que, como siempre ocurre en estos casos, más allá de la solvencia política y económica de un Estado subnacional como es la Provincia de Santa Fe, está atado a los avatares del país que lo contiene. Y en USA tienen sobrados ejemplos de cómo suele comportarse Argentina. No obstante Santa Fe siempre se “las rebuscó” para estar en la consideración de los inversores y Bancos.
Por ejemplo, la buena noticia es que los Bancos Santander y JP Morgan serán los encargados del proceso de colocación de los bonos por hasta mil millones de dólares para infraestructura social y productiva y seguridad autorizados por el parlamento.
A pesar de todo, Santa Fe intenta tener agenda propia en el concierto financiero internacional.
