El conflicto alrededor de los desarrollos inmobiliarios comercializados por Grupo Roma sumó este lunes un nuevo capítulo: un grupo de compradores se presentó ante la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal de Rosario para exponer los problemas que atraviesan desde hace años.
Los desarrollos involucrados están ubicados fuera del ejido de Rosario, en localidades como Pueblo Esther, Ibarlucea, Zavalla, Soldini, General Lagos y Roldán. Los vecinos estimaron que la cantidad de familias afectadas se ubica entre 800 y 1.200. Según relataron, algunas operaciones comenzaron hace tres, cuatro, cinco y hasta siete años y, en numerosos casos, los terrenos fueron adquiridos con el objetivo de construir la vivienda única y no como una inversión inmobiliaria.
“No compramos un campo, compramos un desarrollo urbanístico”
Una de las expositoras, María Laura Rosa, vecina del barrio Tiro Suizo, contó que adquirió un lote en Pueblo Esther y que, frente a los incumplimientos de los plazos contractuales, los compradores recurrieron a organismos municipales y provinciales.
“Nosotros no compramos un campo, compramos un desarrollo urbanístico”, planteó durante la reunión. Y agregó: “Estamos haciendo las denuncias porque no se cumplieron los plazos contractuales. Queremos soluciones”.
Los testimonios que se escucharon en el Concejo mostraron situaciones muy diferentes, aunque atravesadas por un mismo problema. Algunos compradores aseguraron haber vendido vehículos o tomado créditos para poder afrontar las cuotas. Otros señalaron que recibieron una posesión precaria y hasta pudieron comenzar construcciones, pero todavía no cuentan con las condiciones necesarias para instalarse definitivamente.
También hubo casos de personas que proyectaban construir allí su vivienda y desarrollar una actividad profesional, como un consultorio, y que quedaron imposibilitadas de hacerlo.
La situación ya había generado reclamos públicos durante 2025 y 2026. En septiembre, familias de distintas localidades incluso se movilizaron hasta las oficinas comerciales de Grupo Roma en Puerto Norte para reclamar por lotes y locales que, según denunciaron, habían sido abonados pero no entregados.
Un problema que excede al Concejo
Uno de los principales puntos de discusión que surgió en la reunión del Concejo es que los desarrollos cuestionados no están ubicados en Rosario. La empresa, en cambio, sí cuenta con oficinas comerciales en la ciudad.
Ese dato es central para entender los límites de una eventual intervención del Concejo rosarino. Las autorizaciones y habilitaciones de cada urbanización corresponden a las jurisdicciones donde están emplazados los emprendimientos, mientras que determinadas certificaciones y factibilidades —entre ellas las vinculadas con recursos hídricos y cuestiones ambientales— dependen de organismos provinciales.
Por eso, desde el ámbito municipal se planteó que una respuesta institucional requiere necesariamente involucrar a municipios y comunas, organismos provinciales y empresas de servicios públicos, según la situación particular de cada emprendimiento.
El concejal Juan Monteverde, en cambio, calificó el caso como una “estafa masiva contra rosarinos” y propuso avanzar con la clausura de las oficinas de la firma en Rosario, además de impulsar un espacio institucional de seguimiento.
Sin embargo, esa propuesta abrió un interrogante sobre las competencias del municipio: la habilitación de una oficina comercial no implica que Rosario tenga potestad para intervenir sobre los loteos que se encuentran en otras localidades.
Loteos con antecedentes de suspensiones provinciales
El conflicto no se limita a los reclamos de los compradores. En 2024, el Gobierno de Santa Fe había dispuesto la suspensión de obras en distintos desarrollos inmobiliarios que no contaban con la documentación necesaria. Entre ellos figuraban El Naranjo, en Ibarlucea; Orígenes, en Soldini; y Comunidad Evolutiva, en Pueblo Esther, todos vinculados a Grupo Roma. Posteriormente también fue alcanzado por una medida similar Campo Madero, en Ibarlucea.
Las actuaciones estuvieron relacionadas con la falta de determinadas autorizaciones provinciales, entre ellas las vinculadas con cuestiones hídricas y ambientales.
El caso de Comunidad Evolutiva, en Pueblo Esther, aparece como uno de los emprendimientos que los propios compradores consideran más avanzados. El proyecto ofrece, según la información publicada por la desarrolladora, servicios como agua potable, red cloacal, gas, energía eléctrica, alumbrado y pavimento.
Pero la situación es diferente en cada localidad y en cada loteo, por lo que los damnificados reclaman que se analice cada caso en particular.
El caso de una familia que tiene la casa instalada pero no puede vivir allí
Uno de los relatos que mayor preocupación generó durante la reunión fue el de una mujer de más de 60 años que compró un terreno con el objetivo de construir su vivienda familiar. Según se explicó, la mujer tiene una hija con discapacidad y una nieta pequeña.
El terreno fue adquirido a través de una inmobiliaria y, de acuerdo con el testimonio presentado, la familia llegó incluso a instalar una vivienda prefabricada. También realizó una perforación para obtener agua y construyó un sistema para los desagües.
El problema apareció cuando se advirtió que la vivienda había quedado emplazada debajo de un electroducto de alta tensión.
Según se planteó durante la reunión, esa situación impediría obtener la autorización necesaria para habitar la vivienda mientras permanezca allí la infraestructura eléctrica. La alternativa, según el planteo realizado, implicaría una intervención sobre el tendido de alta tensión, con una complejidad y un costo que exceden ampliamente las posibilidades de una familia.
El episodio expone, además, la diversidad de problemas que pueden aparecer detrás de un mismo reclamo general: mientras algunos casos están vinculados con demoras en obras o habilitaciones, otros pueden involucrar restricciones técnicas sobre los terrenos y la factibilidad de los servicios.
Durante la reunión surgió la propuesta de conformar una mesa de trabajo para intentar ordenar los reclamos y convocar a representantes de las distintas localidades involucradas, además de organismos provinciales y empresas de servicios. La iniciativa quedó para ser analizada por la comisión de Planeamiento.
