El escenario judicial y financiero de SanCor volvió a complicarse. En pleno proceso de quiebra, la sindicatura contabilizó aproximadamente $35.000 millones en nuevas obligaciones, correspondientes al período comprendido entre la presentación en concurso preventivo y la posterior declaración de quiebra.
El monto fue incorporado a un informe individual actualizado presentado en el expediente y se suma al pasivo que la cooperativa ya arrastraba. Sin embargo, se trata de una cifra que todavía no cuenta con resolución judicial definitiva, por lo que no puede considerarse un crédito reconocido en forma firme.
La novedad aparece mientras la Justicia mantiene paralizado uno de los pasos centrales del proceso: la venta de los activos operativos de SanCor. La liquidación de las plantas, las marcas y otros bienes quedó suspendida a partir de una decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, donde se tramitan distintos recursos contra las condiciones establecidas para la licitación.
Un pasivo que todavía puede crecer
El nuevo cálculo de $35.000 millones no representa necesariamente el monto final de las obligaciones que deberá afrontar la quiebra.
Uno de los componentes que todavía se encuentra bajo análisis es la deuda laboral. Una parte importante de los incumplimientos con los trabajadores está comprendida dentro de los denominados créditos con derecho a pronto pago y actualmente atraviesa un proceso de auditoría.
Por ese motivo, todavía no existe una cifra definitiva sobre el total de la deuda laboral acumulada durante el concurso y la etapa posterior a la declaración de quiebra.
El dato adquiere especial relevancia porque el pasivo ya reconocido durante la etapa concursal había alcanzado una dimensión muy superior al valor estimado de los principales activos productivos y las marcas que SanCor conserva.
Por qué se frenó la venta
Mientras se actualiza el mapa de acreedores, la Justicia mantiene suspendida la licitación de los activos.
La Cámara de Rafaela debe analizar una serie de recursos de apelación y planteos de nulidad presentados contra los pliegos que establecen las condiciones para la venta. Entre los actores que formularon objeciones aparecen BAF Latam, Fidulac, ITC Fiduciaria y SMD Delong, además de otros acreedores y participantes vinculados al proceso.
También fue impugnado el apartamiento del síndico Juan Luis Tomat de determinadas tareas vinculadas con la elaboración y el control de los pliegos.
Los planteos apuntan, entre otros aspectos, a la forma en que fueron valuados algunos activos, a la composición de los bienes incluidos en la venta y al diseño general de las condiciones de la licitación.
Uno de los puntos cuestionados está relacionado con la valuación de la planta de Sunchales, cuyo precio habría sido reducido un 20% apenas dos días después del incendio registrado en junio.
También existen objeciones respecto de la inclusión de determinados bienes y marcas en los lotes que serán ofrecidos, mientras algunos recurrentes sostienen que las condiciones establecidas podrían desalentar la participación de potenciales compradores.
Una venta que quedó en suspenso
La paralización judicial modifica el escenario que se había planteado meses atrás, cuando la quiebra de SanCor avanzaba hacia una instancia decisiva con la intención de encontrar compradores para sus plantas y marcas.
En junio, los activos habían sido valuados en una base cercana a u$s52,1 millones, en una operación que despertó el interés de distintos grupos empresarios.
Pero la Justicia terminó suspendiendo el proceso a partir de los planteos formulados contra los pliegos. En julio, la Cámara ya había intervenido para detener la liquidación cuando faltaban apenas 17 días para el cierre del período de presentación de ofertas.
Ahora, el proceso vuelve a quedar condicionado por la resolución de esas impugnaciones.
El futuro de SanCor, cada vez más atado al expediente judicial
La histórica cooperativa láctea atraviesa así una doble incertidumbre. Por un lado, la Justicia todavía debe terminar de determinar la dimensión de un pasivo que continúa creciendo. Por otro, permanece sin fecha definida el reinicio de la licitación de los activos que podrían permitir recuperar parte de ese dinero para los acreedores.
La situación también refleja la complejidad de una quiebra que busca preservar el valor de una empresa que durante décadas fue uno de los principales jugadores de la industria láctea argentina.
Por ahora, la venta de las plantas y las marcas sigue frenada y la deuda continúa bajo revisión. Antes de que aparezca un eventual comprador, la Justicia deberá despejar los cuestionamientos sobre el proceso de liquidación y avanzar en la determinación definitiva del pasivo.
Para SanCor, cada demora tiene un efecto adicional: mientras la venta permanece detenida, el expediente continúa acumulando obligaciones y el margen para recuperar valor de los activos se vuelve cada vez más estrecho.
