El Gobierno nacional derogó una normativa clave que regulaba el otorgamiento de patentes farmacéuticas en Argentina, en una decisión que busca mejorar el clima de inversión, fortalecer la protección de la propiedad intelectual y alinear al país con estándares internacionales.
La medida fue anunciada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien destacó que la Resolución Conjunta 1/2026 —firmada junto a funcionarios del área económica y sanitaria— deja sin efecto la Resolución 118/2012, una disposición que durante más de una década había establecido criterios restrictivos para la aprobación de patentes de medicamentos.
Según explicó el funcionario, la normativa derogada hacía “muy difícil, sino imposible” obtener una patente en el país, lo que no solo afectaba derechos de propiedad intelectual, sino que también retrasaba el acceso a nuevas terapias.
Cambio de reglas para el sector farmacéutico
A partir de esta modificación, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) volverá a evaluar las solicitudes de patentes caso por caso, aplicando únicamente los criterios establecidos por la ley vigente y sin restricciones adicionales.
Esto implica un cambio sustancial en el marco regulatorio: el sistema argentino se acerca ahora a los estándares utilizados por los principales socios comerciales del país, especialmente en mercados desarrollados.
Desde el Gobierno sostienen que esta decisión podría tener múltiples efectos positivos, entre ellos:
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Mayor previsibilidad jurídica para empresas farmacéuticas
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Incentivos a la inversión en investigación y desarrollo
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Aceleración en la llegada de medicamentos innovadores
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Mejores condiciones para acuerdos comerciales internacionales
En este sentido, Sturzenegger vinculó la medida con la estrategia de inserción internacional impulsada por la administración de Javier Milei, al afirmar que el país busca “volver al mundo” mediante reglas más claras y compatibles con la economía global.
Impacto en comercio exterior y acceso a mercados
Uno de los puntos más relevantes es que la adecuación del régimen de patentes podría facilitar negociaciones con países como Estados Unidos, donde la protección de la propiedad intelectual es un requisito central en los acuerdos comerciales.
De hecho, el propio funcionario señaló que este cambio normativo podría abrir el acceso al mercado estadounidense para la industria farmacéutica argentina, como parte de una agenda más amplia de integración económica.
Sin efectos retroactivos
El Gobierno aclaró que la derogación no tendrá impacto sobre los medicamentos que ya se encuentran en el mercado. Es decir, no habrá cambios en las condiciones de comercialización ni obligaciones adicionales para productos ya aprobados.
Este punto busca llevar tranquilidad tanto a laboratorios locales como a consumidores, evitando posibles conflictos regulatorios o comerciales en el corto plazo.
Propiedad intelectual como eje del modelo económico
La decisión se enmarca en una visión más amplia del Ejecutivo, que coloca a la propiedad privada —incluida la intelectual— como uno de los pilares del desarrollo económico.
En esa línea, desde el oficialismo sostienen que un sistema de patentes más sólido no solo protege la innovación, sino que también contribuye a generar condiciones para el crecimiento, la inversión y la competitividad.
Con esta medida, el Gobierno da una señal clara hacia el mercado y los actores internacionales, en un intento por reposicionar a Argentina dentro del mapa global de negocios, particularmente en sectores estratégicos como el farmacéutico.
