El concejal del PRO, Carlos Cardozo, presentó un proyecto de ordenanza que busca derogar la Ordenanza Municipal N.º 8725/2010, que desde hace casi quince años prohíbe la autorización de nuevos barrios cerrados en Rosario. El edil considera que la restricción “nos hizo perder miles de millones en inversiones genuinas, que además hubiesen generado compensaciones multimillonarias para obras básicas en los barrios”, mientras ciudades y pueblos vecinos aprovecharon esas oportunidades.
“Un Estado inteligente tiene que planificar para que haya viviendas con acceso a sectores medios —como el Parque Ibarlucea o la Ciudad Olímpica—, viviendas sociales —como las que se adjudican en la Sexta o Barrio Banana—, pero también permitir que el rosarino que quiera vivir en un barrio cerrado pueda hacerlo en su ciudad”, sostuvo Cardozo. Recordó además el voto en minoría que en 2010 expresaron Laura Weskamp (PRO) y Jorge Boasso (UCR), y consideró que “ha llegado el momento de revisar esa decisión”.
El proyecto argumenta que la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación de 2015, que incorporó la figura de Conjuntos Inmobiliarios (clubes de campo, barrios cerrados, etc.), exige adecuar la legislación local al marco federal vigente. “La figura de Conjunto Inmobiliario es una herramienta de desarrollo urbanístico que, debidamente regulada, puede contribuir a la expansión planificada de la ciudad, siempre que se garantice el interés público”, sostiene la iniciativa.
Y propone que, en caso de aprobarse la derogación, el municipio establezca un marco regulatorio exigente: cesión de espacios públicos, integración con el entorno, sustentabilidad ambiental, infraestructura adecuada y convenios urbanísticos que aseguren compensaciones económicas proporcionales al impacto urbano. Esto no sería sólo una ventaja para el desarrollador, sino para la gente, porque a un barrio cerrado se le puede exigir más compensación que a una urbanización común, evaluaron fuentes consultadas.
Apuntaron además que los barrios cerrados no requieren grandes extensiones para ser viables. No hace falta que tengan cincuenta hectáreas. Pueden plantearse sobre dos manzanas, como podría haber ocurrido con los condominios de Palos Verdes, que quizás habrían sido Palos Verdes 2 si no existiera esta prohibición. Asimismo, apuntaron sectores de Nuevo Alberdi o zonas mixtas del sudoeste y oeste rosarino donde podrían desarrollarse proyectos de este tipo, siempre que respeten las normas ambientales y urbanísticas.
El expediente podría quedar para la nueva composición del Concejo Municipal, que asumirá en diciembre, dado que al actual cuerpo aún le resta debatir temas clave como el presupuesto y la autonomía municipal.
De avanzar, la propuesta abriría una discusión urbanística de fondo: cómo combinar la expansión planificada de Rosario con la captación de inversiones privadas que contribuyan al desarrollo de infraestructura y vivienda en toda la ciudad.
