El Gobierno nacional anunció una profunda desregulación de la industria vitivinícola mediante la eliminación de 973 normas que regían el funcionamiento del sector. La medida, oficializada a través de la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), busca simplificar procesos, reducir la burocracia y modernizar el sistema de control sobre la producción y comercialización del vino en la Argentina.
A partir de ahora, el INV dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena productiva —como la cosecha, la elaboración o el transporte— y se concentrará exclusivamente en garantizar la calidad del producto final embotellado. De este modo, los inspectores solo tomarán muestras para verificar la aptitud para el consumo y evitar adulteraciones, dejando atrás un esquema que realizaba más de 5.000 inspecciones anuales.
El nuevo marco alcanza a productores de uva, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas fraccionadoras, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos. Uno de los cambios más concretos será la eliminación de la declaración jurada semanal de elaboración, los permisos de tránsito obligatorios —que sumaban más de 140.000 por año— y las multas por demoras administrativas.
Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la medida pone fin a “un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo”. “Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”, afirmó el funcionario, al destacar que la reforma se enfoca en garantizar la inocuidad del vino embotellado y no en controlar cada movimiento interno de las bodegas.
El cambio también modifica el esquema de certificaciones: los controles de origen, añada y varietal pasarán a ser optativos, quedando a elección de los productores, salvo en los casos de exportación donde lo exijan los países compradores. De esta forma, las empresas podrán optar por esos sellos con fines comerciales, pero sin la obligación de tramitarlos ante el organismo.
Desde el INV explicaron que la revisión del marco normativo permitió identificar más de 1.200 disposiciones superpuestas y obsoletas, que afectaban la competitividad y generaban demoras. Con esta reforma, se busca alinear la actividad con las mejores prácticas internacionales, fomentando un modelo basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia.
Argentina produce alrededor de 900 millones de litros de vino por año y exporta unos US$ 800 millones anuales, ubicándose como el quinto productor mundial. Con la nueva normativa, el Gobierno espera facilitar la operatividad de una de las industrias más emblemáticas del país y promover un entorno más ágil y transparente para el desarrollo del sector.
