Pablo Cortese renunció a la presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tras menos de ocho meses en el cargo y más de 30 años de trayectoria dentro del organismo, al que ingresó en 1992. Si bien el entorno oficial argumentó “motivos personales”, la renuncia se da en el contexto de una fuerte disputa institucional, técnica y comercial desatada por la importación de vacunas contra la fiebre aftosa.
El funcionario había sido designado por el gobierno de Javier Milei como parte de su estrategia de desregulación del sector agropecuario, que incluyó la apertura del mercado veterinario a productos importados. La medida generó rechazo de los laboratorios nacionales, como Biogénesis Bagó, que envió una carta documento al SENASA y al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, advirtiendo sobre incumplimientos legales en el proceso.
La controversia comenzó cuando, bajo la gestión de Cortese, se autorizaron 8.300 dosis de vacunas contra la aftosa importadas desde Brasil por la empresa Tecnovax, en sociedad con el laboratorio Ourofino Saúde Animal. El producto, identificado como “Ourovac aftosa Biv”, fue objeto de cuestionamientos sanitarios y comerciales, al punto de quedar interdicto tanto en las instalaciones de Tecnovax como en el propio SENASA, por no superar la primera etapa técnica de análisis.
La medida fue interpretada por el sector privado como una amenaza a la industria nacional, que vende las dosis a US$1,20, frente al ofrecimiento importado de comercializarlas a la mitad de ese valor. La Cámara de Laboratorios Veterinarios (Caprove) advirtió que la liberalización de importaciones podría poner en riesgo una industria que emplea a más de 8.000 personas y exporta por más de US$100 millones anuales.
Frente a la escalada del conflicto, y con la polémica ya en la agenda pública, Cortese optó por dar un paso al costado. Aunque calificó las acusaciones como “totalmente improcedentes”, la presión política, institucional y empresarial ya era insostenible.
En su reemplazo, asumirá María Beatriz “Pilu” Giraudo, ingeniera agrónoma, ex presidenta de AAPRESID y hasta ahora vicepresidenta del INTA. Su designación fue propuesta por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y cuenta con el aval de Juan Pazo, titular de la Agencia Regulatoria de la Cadena Agroalimentaria (ARCA).
Giraudo llega con una sólida trayectoria técnica y política, y el desafío de recomponer puentes entre el Estado y los actores privados del agro. Su gestión deberá equilibrar la exigencia de garantizar la sanidad animal y vegetal con la presión gubernamental por abrir mercados y reducir costos, en un contexto de creciente sensibilidad sectorial.
Este cambio en la cúpula del SENASA marca un punto de inflexión en la estrategia sanitaria del Gobierno, en un momento donde el rol del organismo resulta clave para sostener la confianza interna y externa en los estándares sanitarios argentinos.