Tras la reciente aprobación por parte del Senado de la Nación de diversas iniciativas que implicarían importantes erogaciones para las arcas del Estado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) hace un llamado para que los representantes de los diversos espacios políticos, particularmente aquellos con representación legislativa, obren con la responsabilidad que la administración de los fondos públicos demanda.
Las restricciones presupuestarias están presentes en cualquier familia, empresa o país. Tenerlas presentes al momento de decidir no implica insensibilidad, sino que, por el contrario, es condición necesaria para lograr una adecuada gestión de los recursos en beneficio del conjunto. La atención de sectores históricamente postergados es una tarea que debiera comprometernos a todos, pero hacerlo sin una exhaustiva evaluación de los efectos de las medidas es un camino erróneo.
Los argentinos tenemos sobrada experiencia acerca de las nefastas consecuencias que el desequilibrio fiscal sostenido tiene sobre la ciudadanía, particularmente sobre aquellos en posiciones más vulnerables. Los abultados déficits fiscales, aun cuando estén fundados en causas nobles, más temprano que tarde implican endeudamiento o emisión monetaria, con sus lamentables consecuencias en materia económica y social.
En este marco, la CAC aboga por que se hagan los mayores esfuerzos para que loables objetivos no deriven en políticas que erosionen el proceso de estabilización en curso, malogrando los notorios progresos alcanzados en materia de desinflación y baja de la pobreza evidenciados en los últimos meses.
