Menos empleo formal, más litigios: radiografía de los accidentes laborales en Santa Fe

Un análisis de la siniestralidad laboral en Santa Fe revela tensiones entre caída del empleo registrado, aumento de litigios y el impacto invisible de la precarización.

El sistema de riesgos del trabajo en Argentina vive un momento de contradicciones. Según el último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), mientras los accidentes laborales disminuyen en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario muestra un incremento en los casos reportados. A esta dinámica se suma un tercer factor que agrava el panorama: el crecimiento sostenido del empleo informal, donde la siniestralidad no se registra, pero sí impacta, silenciosamente, en el sistema judicial y sanitario.

Menos empleo formal, más siniestros registrados

Durante 2023, el sistema nacional contaba con 10,32 millones de trabajadores formales cubiertos por aseguradoras de riesgos. En 2024, esa cifra descendió a 10,18 millones, reflejo de la pérdida de 141.930 puestos registrados. Sin embargo, los accidentes y enfermedades denunciadas crecieron proporcionalmente, pasando del 5,8% al 6% de los trabajadores cubiertos. Es decir, menos empleo formal, pero más siniestralidad reportada.

El caso Santa Fe: baja provincial, pero alza rosarina

En la provincia de Santa Fe, las estadísticas marcan una caída interanual del 8,7% en accidentes laborales denunciados (de 46.235 casos en 2023 a 42.222 en 2024), una cifra que acompaña el descenso del empleo registrado: se perdieron 10.800 puestos formales en ese período.

Pero Rosario va a contramano. Allí, los accidentes subieron, lo que podría explicarse por varios factores: concentración urbana, sectores de mayor riesgo, aumento de la informalidad y un repunte en la judicialización de casos.

Más juicios, menos prevención

La litigiosidad también creció: en 2024 se iniciaron 125.842 juicios por accidentes o enfermedades laborales en todo el país. Esto equivale al 1,4% del universo laboral (incluyendo informales). En el Gran Santa Fe, los litigios aumentaron un 21,5%. Solo en este aglomerado se detectaron más de 60.000 trabajadores informales, con una tasa de informalidad del 40%, apenas por debajo del promedio nacional (42%).

Esto refleja una paradoja crítica: mientras los trabajadores sin registrar no figuran en las estadísticas oficiales, son protagonistas en los tribunales, exponiendo un circuito paralelo de siniestralidad fuera del sistema formal de prevención y cobertura.

Construcción e industria, los sectores más vulnerables

La construcción y la industria manufacturera siguen siendo los sectores con mayor tasa de siniestralidad, especialmente por la alta proporción de trabajadores precarizados y subcontratados. Es en este contexto donde ocurrieron tragedias recientes como la de Nicolás, un albañil rosarino de 26 años que murió en una obra tras ser contratado en negro apenas un día antes.

Para Miguel Fiorito, director provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo, el problema es estructural: “Cuando estás fuera del sistema, lo que no existe, no se ve. Pero el que no entienda que invertir en seguridad es un buen negocio, no entendió absolutamente nada”.

Claves para entender el fenómeno
  • Menos empleo formal → mayor exposición a la informalidad

  • Bajan los accidentes reportados en la provincia → pero suben en Rosario

  • Crece la litigiosidad → no necesariamente por más accidentes, sino por menos prevención

  • La informalidad distorsiona el análisis → no se mide, pero genera costos crecientes

¿Qué puede cambiar?

Desde el sector público se promueven inspecciones y normativas específicas como la Resolución 61/2023 sobre trabajo en altura. Además, se discute un nuevo esquema de cobertura para monotributistas y autónomos, aunque persisten dudas sobre su implementación y control.

Fiorito propone un enfoque preventivo: controlar a las subcontratistas y sus cadenas de tercerización, donde se diluye la responsabilidad patronal. “La mejora en la cultura de la prevención lleva años, pero hay que empezar por entender que no se trata solo de evitar multas, sino de proteger vidas y reducir costos estructurales”, señala.

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