La reciente detención de cuatro exdirectivos de la empresa Vicentín ha reavivado el debate sobre las actuaciones judiciales en torno al histórico concurso de acreedores que involucra a la agroexportadora santafesina. El abogado defensor de los implicados, el doctor Jorge Ilharrescondo, expuso en diálogo con CNN Rosario —en una entrevista concedida al periodista Marcelo Fernández— su profunda preocupación por lo que describió como “una serie de irregularidades jurídicas” y “violencias institucionales” que rodean el caso.
Según Ilharrescondo, el operativo que tuvo lugar el viernes pasado incluyó una veintena de allanamientos simultáneos, algunos de ellos realizados con un nivel de violencia que calificó como desmedido: “A Omar Scarel (ex presidente de la cerealera) le demolieron la casa buscando no se sabe qué. No hubo proporcionalidad en la medida”.
La cuestión central que planteó el abogado no se limita solo al modo en que se realizaron los procedimientos, sino también a los tiempos del proceso y a la forma en que se maneja la imputación. “A dos días de la audiencia, todavía no sabemos qué les imputan exactamente. Tuve que leer portales de noticias para tratar de enterarme. Es un atropello constitucional”, sostuvo. En su planteo, remarcó que el Código Procesal puede no obligar a anticipar la imputación, pero la Constitución garantiza el derecho a una defensa adecuada. “Nosotros tuvimos que reclamar esa información durante el feriado, el Día de la Memoria. Una paradoja”, reflexionó.
Ilharrescondo también vinculó estas detenciones con movimientos paralelos en el ámbito del concurso de la empresa. Según su lectura, cada vez que Vicentín avanza en una solución, aparece una reacción desde la justicia penal. “No tengo pruebas para hablar de una connivencia dolosa, pero sí veo una coincidencia temporal que llama poderosamente la atención. Hay demasiadas cosas raras pasando”, advirtió.
El abogado anticipó que la audiencia del jueves será “muy dura”, y defendió el accionar de sus clientes: “Cuando está en juego la libertad ambulatoria, yo salgo a morder jurídicamente”. No descartó recurrir a instancias internacionales si las garantías procesales no son respetadas: “Si no encontramos resguardo institucional en la provincia de Santa Fe, vamos a ir más allá”.
Finalmente, recordó que ninguno de los detenidos tenía restricciones previas ni cauciones vigentes: “Hablar de prófugos en este contexto es una falta de respeto. Estas personas podían haberse ido a cualquier parte del mundo y eligieron quedarse”.
La causa Vicentín, en su capítulo judicial, sigue sumando episodios que generan más preguntas que respuestas.
