Santa Fe presenta actualmente una tasa de litigiosidad laboral en el sistema de Riesgos del Trabajo (LRT) más del doble que la de Córdoba y que el promedio nacional, aun comparándose con provincias de estructura productiva similar.
La litigiosidad laboral vinculada al sistema de Riesgos del Trabajo ha dejado de ser un fenómeno “normal” de conflictividad para convertirse en un factor relevante de costo e incertidumbre que erosiona la competitividad provincial. El problema no reside únicamente en la cantidad absoluta de causas, sino —de manera central— en la intensidad de la litigiosidad medida por trabajador cubierto.
En el primer semestre de 2025, Santa Fe registró aproximadamente 142 juicios cada 10.000 trabajadores en unidades productivas, frente a 62 a nivel nacional y 68 en Córdoba. La diferencia no es marginal: por cada trabajador cubierto, la probabilidad de judicialización en Santa Fe duplica la observada en otras jurisdicciones comparables.
Entre enero y junio de 2025 se iniciaron 8.476 juicios en unidades productivas en Santa Fe (8.634 incluyendo casas particulares), sobre un total nacional de 59.532. Es decir, cerca del 14% de los juicios del país se concentran en la provincia. El fenómeno no solo tiene implicancias judiciales: se traduce en mayores costos del sistema y en una pérdida de competitividad estructural.
El impacto en costos: una cuña sobre el empleo formal
Este patrón de judicialización se asocia con mayores costos del seguro, aunque la relación no es mecánica ni instantánea. En el promedio del primer semestre de 2025, la alícuota pactada de ART como porcentaje de la masa salarial fue 3,97% en Santa Fe, 3,43% en Córdoba y 2,70% en el promedio nacional.
Medido como sobrecosto, esto implica que, para una misma masa salarial:
Santa Fe pagó $26,5 mil millones adicionales respecto de la alícuota de Córdoba.
Y $62,6 mil millones adicionales si se compara con el promedio nacional.
(Equivalentes a USD 18,9 millones y USD 44,7 millones, respectivamente).
El mayor costo de ART actúa como una cuña sobre el empleo formal: encarece la contratación registrada, impacta de manera particular en pymes y sectores intensivos en mano de obra, y tiende a trasladarse a menores márgenes, mayores precios o menor inversión.
A esto se suma la incertidumbre jurídica derivada de un sistema donde el “costo esperado” de un siniestro depende crecientemente del circuito judicial y no de criterios técnicos estandarizados, incrementando el riesgo regulatorio para producir y contratar.
No es un problema de siniestros graves
Según los informes estadísticos oficiales, la mayor parte de los juicios por incapacidad se concentra en rangos bajos. En 2021, cerca del 78% de los reclamos se ubicó en incapacidades de hasta 30%. Esto indica que el problema no surge de un aumento de siniestros graves, sino de incentivos y criterios que canalizan casos de menor entidad hacia litigios masivos.
La estructura de incentivos actual
El diseño vigente contempla una etapa médico-administrativa (Comisiones Médicas) destinada a resolver técnicamente los casos antes de llegar a tribunales. Sin embargo, en la práctica, la instancia judicial opera como una nueva determinación integral del caso.
Esto amplía la opción de litigar: si el juicio permite reabrir todo el debate técnico, el valor esperado del litigio aumenta.
Un elemento clave es la estructura de costos del proceso judicial, especialmente la pericia. En un relevamiento de cierres por transacción de 2024, los honorarios periciales representaron 8,6% del capital transado en promedio anual, mostrando que la pericia tiene un peso significativo en el costo final de cada caso.
Cuando los costos y retornos del litigio se “normalizan” dentro del funcionamiento del sistema, el resultado típico es una dinámica de masificación: más causas, mayores gastos por caso y presión creciente sobre el sistema.
La reforma: hacia un sistema más técnico y previsible
La reforma propuesta busca reordenar el circuito de resolución de controversias hacia un modelo más técnico, previsible y eficiente, sin eliminar ni restringir el derecho a reclamar.
El objetivo es que la instancia judicial opere como revisión de lo actuado previamente, especialmente en sede administrativa, y no como una “segunda determinación completa”.
La propuesta incluye:
Cuerpo especializado de peritos judiciales.
Delimitación clara de puntos controvertidos.
Revisión de honorarios periciales.
Plazos procesales definidos.
Estandarización de informes médicos.
Este reordenamiento apunta a reducir duplicaciones, ordenar la producción de prueba y disminuir la incertidumbre del sistema.
En este esquema, la etapa administrativa gana centralidad práctica: no por restringir el acceso a la justicia, sino por brindar una respuesta técnica robusta y trazable que actúe como referencia del expediente.
Impacto económico potencial
El impacto esperado debe interpretarse como una mejora institucional, no como una reducción inmediata de primas. Si la litigiosidad y la variabilidad disminuyen de manera sostenida, podrían generarse condiciones para que el mercado asegurador modere alícuotas gradualmente.
Los beneficios potenciales del nuevo marco incluyen:
Menor costo no salarial del empleo formal.
Mayor previsibilidad para invertir y contratar.
Reducción de costos de transacción asociados a pericias y tiempos judiciales.
CISE – Centro de Investigaciones Sociales y Económicas
Fundación Libertad
