En la Argentina, el debate tributario suele concentrarse en los grandes actores: el impuesto a las Ganancias, los Ingresos Brutos, el IVA o las contribuciones patronales. Sin embargo, en los últimos años, una red cada vez más extensa de impuestos municipales comenzó a ganar protagonismo silencioso, generando un impacto directo sobre la actividad productiva, la inflación, el financiamiento y las decisiones empresariales.
Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), de los 155 tributos vigentes a nivel nacional, provincial y municipal, 85 son de origen municipal. Esto significa que más de la mitad de los tributos que enfrentan personas y empresas son definidos por los gobiernos locales.
Una carga creciente que erosiona competitividad
La estructura fiscal argentina presenta una alta fragmentación. En 2025, se estima que de cada $100 recaudados, el Tesoro nacional retiene $25,7, la ANSES capta $28,1, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires $33,7, y los municipios $12,5. Aunque su participación parece menor, la cantidad y dispersión de tasas municipales genera una presión real sobre la economía, con efectos concretos sobre los costos operativos y financieros.
En paralelo, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) registró que solo en 2024 se crearon seis nuevas tasas a nivel nacional, y 13 de los 45 municipios más relevantes de la provincia de Buenos Aires aumentaron sus alícuotas. La tendencia es clara: más tasas, más carga impositiva y menos incentivos para la inversión.
Algunos ejemplos llamativos incluyen:
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La “contribución obligatoria por tránsito pesado” en Avellaneda.
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Una tasa sobre combustibles en Pilar, Merlo, José C. Paz, entre otros.
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Tasas por libreta sanitaria en Berazategui.
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Derechos de transferencia de inmuebles industriales en Azul.
¿Cuánto encarece el crédito?
Un estudio del IERAL (Fundación Mediterránea) demuestra que la presión fiscal también impacta fuertemente en el costo del financiamiento. Se estima que hasta el 44% del costo total de un préstamo personal puede estar compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Por ejemplo, si una cuota incluye $1000 en concepto de intereses, $440 serían impuestos y solo $560 reflejarían el interés real cobrado por el banco. Esta carga se potencia con gravámenes como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas locales aplicadas sobre cajeros, sucursales y terminales automáticas.
No sorprende entonces que el bajo nivel de bancarización en Argentina —persistente en las últimas dos décadas— se relacione, además de con la inflación, con la presión tributaria que pesa sobre los servicios financieros.
Las tasas más comunes (y costosas)
El relevamiento de la UIA identificó que una de cada tres tasas municipales corresponde a la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH). Este tributo se aplica a casi toda actividad comercial o industrial y representa aproximadamente un 1,8% del precio final de productos alimenticios.
Otra tasa habitual es la Tasa de Habilitación de Actividades Económicas (THAE), frecuente en provincias como Santa Fe, Chaco, Tucumán, Mendoza y Córdoba. Por su parte, la Tasa de Abasto, aplicada a alimentos que ingresan a un municipio, todavía se cobra en Formosa, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Jujuy y otros distritos. En la Ciudad de Buenos Aires, la principal tasa local sigue siendo el Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).
La evolución de estas tasas muestra un incremento sostenido. Un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), realizado junto al IARAF, reveló que entre 2010 y 2023 la Tasa de Seguridad e Higiene aumentó en promedio un 19,3%. En municipios que aplican montos fijos, el salto fue de hasta 125%.
¿Qué dicen las empresas?
Una encuesta reciente de KPMG Argentina, que consultó a más de 100 CEOs y especialistas tributarios, reveló que el esquema fiscal argentino es uno de los principales obstáculos para la inversión.
El 54% señaló al impuesto a los Ingresos Brutos como el tributo más distorsivo, seguido por Ganancias y las tasas municipales. Además, el 93% de los ejecutivos considera que el sistema impositivo desalienta la inversión y condiciona el desarrollo económico.
Este escenario explica decisiones recientes como la de Mercado Libre y Mercado Pago, que comenzaron a cobrar comisiones diferenciadas según la presión impositiva de cada provincia, o el cierre de 60 sucursales del Banco Nación, que busca reducir costos operativos.
Un sistema que necesita límites
Desde distintas entidades empresarias se advierte que la proliferación de tasas y tributos municipales muchas veces se presenta como un “impuesto encubierto”, sin una contraprestación clara. Daniel Calzetta, de la CAC, fue tajante: “El ajuste de los municipios no puede basarse en aumentar tasas que solo complican la actividad económica”.
También se apunta al rol del sistema judicial. Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, sostiene que la falta de límites desde la justicia permitió que el poder político “corriera cada vez más los límites” constitucionales. “La percepción generalizada es que, incluso con fallos a favor, los contribuyentes no logran un verdadero alivio frente al avance fiscal”, aseguró.
Un modelo que debe repensarse
La expansión silenciosa de los tributos municipales no solo dificulta la planificación empresarial, sino que además genera un entorno poco transparente y de alta incertidumbre. En un país con una de las presiones fiscales más altas del mundo, este componente local y disperso del sistema merece una revisión urgente y coordinada, que contemple tanto la sustentabilidad del financiamiento público como la necesidad de estimular la inversión, la formalidad y la productividad.
