La provincia de Santa Fe avanza en una reforma del Código Procesal Laboral con el objetivo de disminuir la cantidad de juicios vinculados a accidentes y enfermedades laborales, un fenómeno que, según el oficialismo, genera fuertes costos adicionales para el sistema productivo.
El diputado José Corral manifestó su respaldo a la iniciativa que el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura el próximo 26 de febrero, y remarcó que la intención es que el acceso a la instancia judicial sea excepcional y no la regla.
El legislador sostuvo que el actual esquema genera sobrecostos que terminan impactando especialmente en las pequeñas y medianas empresas, dificultando la contratación de trabajadores y afectando la competitividad de la economía provincial.
Una brecha con Córdoba que impacta en la competitividad
Uno de los principales argumentos que expuso Corral es la diferencia de costos laborales entre Santa Fe y otras jurisdicciones, en particular Córdoba.
Según indicó a CyD Litoral, la provincia registra cerca del doble de litigios laborales que el distrito mediterráneo, lo que se traduce en mayores costos para las empresas. Como consecuencia, las pymes santafesinas pagan aproximadamente un 15% más en alícuotas de ART.
El legislador estimó que esta situación representa un costo adicional de unos 100 millones de dólares anuales para la provincia, recursos que, según su visión, podrían destinarse a inversiones productivas o mejoras salariales en lugar de absorberse en el sistema judicial.
Cambios en el rol de los peritos judiciales
Uno de los ejes centrales del proyecto es modificar el sistema de peritajes, que actualmente establece que los honorarios de los peritos estén vinculados al monto de la sentencia.
Según explicó Corral a CyD Litoral, esta modalidad genera incentivos que pueden distorsionar el proceso, por lo que la reforma propone desvincular la remuneración de los profesionales del resultado económico del juicio.
En ese sentido, la iniciativa también contempla la creación de un cuerpo de peritos dentro del Poder Judicial, con criterios técnicos uniformes y mayor independencia. Estos profesionales tendrían un rol clave en la evaluación inicial de los casos, con el objetivo de determinar si corresponde avanzar con una instancia judicial.
Una reforma con impacto en el entramado productivo
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca dar mayor previsibilidad al sistema laboral y reducir los costos asociados a la litigiosidad, un factor que, aseguran, desalienta la inversión y afecta el desarrollo económico.
En este contexto, el debate legislativo se presenta como una instancia clave para definir cambios que podrían modificar el funcionamiento de los procesos laborales en la provincia y su impacto sobre el sector productivo.
