Mientras a nivel nacional avanza la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en la provincia de Santa Fe se discute una modificación del Código Procesal Laboral con el objetivo de reducir la alta litigiosidad en materia de accidentes de trabajo.
La iniciativa es impulsada por el diputado provincial radical Martín Rosúa, quien sostiene que la provincia presenta niveles de juicios laborales muy por encima del promedio nacional. “En el país hay alrededor de 133 juicios cada 10.000 trabajadores asegurados, mientras que en Santa Fe esa cifra asciende a 296. Somos la provincia con mayor litigiosidad laboral”, explicó.
Según el legislador, esta situación genera múltiples problemas: tribunales laborales saturados, trabajadores que deben esperar largos plazos para cobrar cuando su reclamo es legítimo y un fuerte impacto en los costos que afrontan las empresas a través de las ART.
Rosúa estimó que el exceso de litigiosidad provoca que la prima de las aseguradoras de riesgos del trabajo sea considerablemente más alta en Santa Fe. “La media nacional ronda el 2,7% de la nómina salarial, mientras que en la provincia estamos cerca del 4%. Esa diferencia representa alrededor de 100 millones de dólares al año que el sector productivo pierde y que podrían destinarse a inversión, tecnología o generación de empleo”, señaló.
La propuesta busca ordenar el sistema articulando mejor las dos instancias existentes para resolver estos conflictos: la administrativa, que se tramita ante las comisiones médicas, y la judicial. “La idea es que los criterios de ambas instancias sean similares. Si el reclamo es legítimo, que el trabajador cobre rápido, en 20 o 30 días en sede administrativa. Pero si no lo es, que tampoco se convalide luego en sede judicial”, planteó.
El proyecto contempla cuatro cambios principales. El primero es la creación de un cuerpo médico forense dentro del Poder Judicial, que funcionará como referencia técnica para determinar incapacidades laborales. El segundo apunta a modificar el sistema de honorarios de los peritos: dejarían de cobrar en función del monto de la demanda para percibir un pago por su trabajo profesional, evitando incentivos a elevar artificialmente las incapacidades.
Otro de los puntos centrales es reducir el plazo para iniciar una demanda judicial. Actualmente el trabajador tiene hasta dos años para recurrir si no está de acuerdo con el dictamen de la comisión médica. La iniciativa propone que ese plazo sea de 45 días hábiles.
Por último, se busca limitar el alcance de los juicios laborales a los aspectos que ya fueron discutidos en la instancia administrativa. De esta manera, la sede judicial funcionaría como una instancia revisora y no como un proceso completamente nuevo.
El legislador aclaró que la reforma provincial no se superpone con la normativa nacional en debate, ya que aborda otra dimensión del sistema laboral. “La ley nacional regula el contrato de trabajo, es decir, la relación entre empleado y empleador. Esto tiene que ver exclusivamente con accidentes y riesgos laborales y con el procedimiento judicial dentro de la provincia”, explicó.
Los datos del fuero laboral en Rosario reflejan la magnitud del problema. Según Rosúa, alrededor del 70% de las causas judiciales en esa jurisdicción están vinculadas con accidentes o enfermedades laborales, y no con conflictos típicos como despidos o indemnizaciones.
El diputado también comparó la situación santafesina con otras provincias de perfil productivo similar. Córdoba, por ejemplo, registra una cantidad similar de siniestros laborales, pero la mitad de juicios. “Eso demuestra que el problema no está solo en los accidentes, sino en cómo funciona el sistema. Tenemos que mejorar la estructura del fuero laboral, pero también evitar que se lo siga llenando de litigiosidad”, afirmó.
En ese sentido, Rosúa señaló que algunas jurisdicciones ya avanzaron en reformas similares. Provincias como Córdoba, Salta y Río Negro incorporaron cuerpos médicos forenses y redujeron significativamente la cantidad de demandas.
“Cuando uno analiza los datos en profundidad, aparecen fenómenos muy llamativos. La mayoría de los juicios no provienen de la industria, sino del comercio y los servicios. Eso obliga a preguntarse si no hay fallas en el sistema judicial, en el funcionamiento de las comisiones médicas y, sobre todo en la región de Rosario, si no se generó una verdadera industria del juicio”, concluyó.
