La ciudad de Rosario se convirtió este jueves en la primera del país donde se pondrá en práctica la Ley 27.786, conocida como Ley Antimafia, una norma sancionada en febrero y promulgada en marzo pasado que apunta a desarticular redes criminales complejas, con foco en el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
La normativa, que fue publicada en el Boletín Oficial, habilita al Estado a declarar zonas del país como “sujetas a investigación especial”, permitiendo así acciones extraordinarias por parte de la Justicia y de las fuerzas de seguridad federales. Entre otras herramientas, se contempla la intervención de comunicaciones digitales (incluso en redes sociales), detenciones preventivas por hasta 48 horas, e incluso 15 días en causas de delincuencia transnacional, con aval judicial.
En términos judiciales, uno de los cambios más significativos es que todos los miembros de una organización criminal podrán ser condenados por los delitos más graves cometidos por esa banda, aún sin haberlos ejecutado personalmente. Las penas previstas van de 8 a 20 años de prisión por la sola pertenencia a una asociación ilícita con estas características.
Además, se habilita la creación de comisiones investigadoras conjuntas, integradas por fiscales federales, provinciales y unidades especializadas, cuando se trate de delitos que atraviesan jurisdicciones.
Una apuesta por recuperar el control
La decisión de aplicar esta normativa en Rosario no es casual. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció semanas atrás que la ciudad santafesina sería el primer caso testigo, como parte de la “segunda etapa del Plan Bandera”, una estrategia nacional para frenar el avance del narcotráfico y el delito organizado en una de las zonas más afectadas del país.
Con este marco legal, el Ministerio de Seguridad formalizó su pedido a los magistrados federales para que declaren a Rosario como “zona sujeta a investigación especial”. En paralelo, puso a disposición del Ministerio Público Fiscal todas las fuerzas federales ya desplegadas en el territorio.
Un cambio de paradigma
La Ley Antimafia representa un endurecimiento del abordaje estatal frente a estructuras criminales que no solo impactan en la seguridad, sino también en la economía local, la inversión, la informalidad y la calidad institucional.
Se trata de un paso clave para generar condiciones de mayor previsibilidad en entornos complejos, que han visto afectada su capacidad de atraer negocios o sostener actividad económica por la persistencia del crimen organizado.
La implementación de esta ley será observada de cerca por distintos sectores: no solo los judiciales o políticos, sino también los económicos, ya que su eficacia podría marcar un punto de inflexión en la relación entre seguridad y desarrollo productivo en zonas históricamente vulneradas.
