Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) marcaron este fin de semana un límite concreto en la discusión por la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Aunque ambos mandatarios evitaron un rechazo frontal, dejaron en claro que su apoyo parlamentario no será automático y quedará sujeto a una serie de condiciones fiscales y laborales que consideran indispensables para proteger las cuentas provinciales y el funcionamiento del entramado productivo.
En el caso de Santa Fe, Pullaro fijó una condición central:
que el Gobierno nacional salde la deuda histórica con la Caja de Jubilaciones de la provincia —un pasivo superior a $1,5 billones— y retome los envíos regulares del flujo previsional que dejó de transferirse hace más de dos años. La rebaja del Impuesto a las Ganancias incluida en la reforma, que impacta de lleno en la coparticipación, refuerza el reclamo santafesino por compensaciones fiscales previas a cualquier negociación legislativa.
“Estamos abiertos a discutir modernizaciones, pero no vamos a aceptar cambios que dejen a la provincia sin los recursos que le corresponden”, señalaron desde el entorno del mandatario, quien ya había advertido que cualquier modificación al esquema tributario nacional debe venir acompañada por un resguardo explícito para los gobiernos provinciales y, en particular, para los sistemas previsionales propios.
Pullaro también remarcó la necesidad de que la Casa Rosada proteja al sector pyme, especialmente sensible en una provincia donde la matriz productiva industrial y agroindustrial depende del empleo registrado en pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, Llaryora sostuvo ante la prensa cordobesa que su provincia analizará artículo por artículo, y resaltó que el proyecto nacional debe incorporar garantías para que la flexibilización laboral no derive en una pérdida de derechos adquiridos ni en un deterioro del financiamiento de las provincias. “Queremos reglas modernas, pero no a costa del equilibrio fiscal provincial”, enfatizó.
El posicionamiento conjunto de ambos gobernadores —dos distritos productivos clave del país— se dio en el marco de sus encuentros públicos durante el Festival de Cosquín, donde coincidieron en la necesidad de buscar un equilibrio entre competitividad y solvencia fiscal.
Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa su ronda de negociaciones con distintos mandatarios, consciente de que el apoyo de Santa Fe y Córdoba es decisivo para garantizar los votos en el Congreso. La discusión promete tensiones: las provincias piden precisiones fiscales, y la Casa Rosada busca avanzar rápido en su paquete laboral.
Por ahora, la señal es clara:
sin acuerdo por la deuda previsional y sin garantías fiscales, ni Santa Fe ni Córdoba están dispuestas a habilitar el avance de la reforma.
