El debate por la regulación del trabajo de repartidores en Santa Fe sumó un nuevo capítulo político. La diputada provincial Silvia Malfesi criticó el proyecto presentado por su par Lucila De Ponti, que propone la creación de un Registro Provincial Único y Obligatorio para la actividad de reparto.
La iniciativa, ingresada en la Cámara de Diputados, plantea que todas las personas físicas y jurídicas vinculadas al sector —trabajadores, agencias, plataformas digitales, cooperativas y vehículos afectados a la actividad— deban inscribirse en un registro administrado por el Ministerio de Trabajo provincial. Además, prevé la creación de una “Oficina de Regularización de la Actividad de Reparto” dentro de esa órbita.
Para Malfesi, el proyecto implica “más burocracia y más intervención estatal en una actividad que hoy necesita reglas claras pero no más obstáculos”. En ese sentido, sostuvo que la creación de un nuevo organismo administrativo supone ampliar la estructura estatal y sumar costos en un contexto económico complejo.
Registro obligatorio y sanciones
El texto impulsado por De Ponti establece la obligatoriedad de inscripción para poder operar en la provincia y contempla sanciones que van desde apercibimientos hasta multas y clausuras para quienes no cumplan con la normativa. También fija requisitos de información fiscal, registral y de seguros para trabajadores y vehículos.
Entre los puntos que generaron mayor rechazo en la legisladora opositora se encuentra el artículo que dispone que la administración pública provincial y sus organismos deberán contratar exclusivamente a cooperativas de reparto debidamente registradas para realizar servicios de mensajería y diligencias.
Según Malfesi, esa disposición “elimina la competencia y direcciona la contratación estatal hacia un único modelo”, lo que, a su entender, podría perjudicar a trabajadores independientes y pequeñas agencias que hoy prestan servicios sin encuadrarse en cooperativas.
Impacto en Rosario
La discusión no es nueva en Rosario. En los fundamentos del proyecto se menciona que actualmente existen ordenanzas municipales que regulan parcialmente la actividad, pero que no alcanzan a establecer un marco integral.
Malfesi recordó que en el Concejo rosarino ya hubo intentos de avanzar con esquemas similares y que en su momento generaron fuerte resistencia por parte de repartidores autoconvocados. “Los cadetes no necesitan que los llenen de trámites, necesitan que los dejen trabajar”, señaló.
Desde el entorno de De Ponti, en cambio, argumentan que la propuesta apunta a ordenar una actividad que creció exponencialmente en la última década, especialmente con el auge de las plataformas digitales, y que hoy presenta altos niveles de informalidad, falta de cobertura y riesgos en materia de seguridad vial y laboral.
Formalización vs. carga administrativa
El proyecto también contempla beneficios para quienes se inscriban, como exenciones en Ingresos Brutos, descuentos en sellados y patentes, y convenios para agilizar trámites ante organismos públicos. Además, habilita el acceso público al registro y faculta a entidades gremiales a solicitar certificaciones para verificar condiciones laborales.
Sin embargo, para Malfesi, el eje del problema no pasa por crear nuevos registros sino por simplificar el marco normativo y reducir la presión regulatoria sobre un sector compuesto mayoritariamente por trabajadores independientes.
El debate abre una discusión más amplia sobre cómo regular la economía de plataformas y la actividad de reparto en la provincia. Mientras el oficialismo plantea la necesidad de formalizar y ordenar el sector, la oposición advierte que un exceso de regulación podría terminar afectando la generación de empleo en un rubro que, especialmente en ciudades como Rosario y Santa Fe capital, se convirtió en una salida laboral para cientos de personas.
