La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) salió con un posicionamiento claro ante el inminente debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma parcial del Código Procesal Laboral: el sector manufacturero considera que la modificación es necesaria para corregir distorsiones que, aseguran, impactan directamente en los costos y la competitividad de las empresas.
En un documento difundido en la antesala de la sesión, la entidad planteó que el sistema actual genera “sobrecostos, incertidumbre y pérdida de competitividad”, sin traducirse —según su análisis— en una mejora real de la calidad del empleo ni en mayor protección para los trabajadores.
El principal argumento industrial gira en torno a la litigiosidad y al costo del sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). De acuerdo con los datos que difundió Fisfe, las empresas santafesinas pagan una alícuota promedio del 4,03%, un 45% por encima del promedio nacional (2,78%). Además, remarcan que en la provincia se inician 260 juicios laborales cada 10.000 trabajadores, más del doble que en Córdoba, donde el indicador es de 118.
Para el entramado productivo, esa combinación de alta judicialización y mayores alícuotas implica un sobrecosto estimado en unos 100 millones de dólares anuales. “Es un problema estructural que afecta la competitividad de Santa Fe frente a otras jurisdicciones”, sostienen desde la entidad.
El proyecto que impulsa el diputado radical José Corral —habilitado por el Ejecutivo para su tratamiento en Extraordinarias— propone, entre otros puntos, consolidar la obligatoriedad del paso por las comisiones médicas antes de iniciar un juicio laboral, en línea con la normativa nacional. Desde la industria entienden que esa instancia previa puede contribuir a descomprimir tribunales y reducir la cantidad de demandas.
Otro aspecto que valoran es la modificación en el esquema de honorarios de los peritos médicos. La iniciativa plantea desvincular esos honorarios del monto final de la sentencia, bajo el argumento de que el sistema vigente puede generar incentivos que distorsionen la determinación de incapacidades.
Mientras el oficialismo busca avanzar con la media sanción en la sesión prevista para este jueves —que se desarrollará en paralelo a otras actividades legislativas—, en Diputados persisten algunas dudas sobre la redacción final del texto.
Más allá del debate técnico y político, la industria dejó sentada su posición: considera que la reforma es un paso necesario para equilibrar el sistema laboral y reducir costos que, aseguran, hoy afectan la inversión y la producción en la provincia.
