El intendente de Rosario, Pablo Javkin, volvió a referirse a la denuncia presentada por su espacio político contra el presunto financiamiento irregular de la campaña del peronismo local, en la última elección legislativa, a través de una fundación que debía asistir a las víctimas de la inundación de 2003 en la ciudad de Santa Fe.
En diálogo con Marcelo Fernández por CNN Radio, Javkin afirmó que el hecho “está probado” y que la evidencia se basa en registros públicos de los gastos de publicidad digital. “Hoy Google tiene una sección de transparencia donde, cuando vos contratás un aviso, aparece el nombre de quien lo paga. Nosotros notamos en un momento que crecían mucho los avisos publicitarios de la candidata Tepp, especialmente junto al candidato Martínez”, explicó el intendente.
Según Javkin, el incremento de la publicidad en redes coincidió con “una cena que trascendió públicamente, en la que participó un dirigente nacional muy importante”, y poco después se detectó una transferencia “en blanco por 21 millones de pesos” desde una asociación civil.
“Es una fundación que, según su objeto, fue creada para ayudar a la recuperación de las familias afectadas por la inundación de Santa Fe. El tesorero es un concejal electo de esa ciudad”, detalló.
La denuncia, presentada semanas atrás por el frente Provincias Unidas, sostiene que los fondos habrían sido aportados por la Asociación Civil 29 de Abril, cuyos fines son asistenciales, y se habrían destinado a financiar la campaña de la lista Fuerza Patria, encabezada por la concejala rosarina Caren Tepp.
El caso generó repercusión política en toda la provincia. El propio gobernador Maximiliano Pullaro y el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, se pronunciaron sobre la gravedad del hecho y pidieron que intervenga la justicia electoral.
“Acá no se trata de una sospecha, sino de una comprobación. No puede ser que los recursos destinados a la ayuda social se utilicen para una campaña política”, remarcó Javkin durante la entrevista.
Por su parte, Caren Tepp negó las acusaciones y las calificó como “falsas” y parte de “una operación política para ensuciar”. La edil aseguró que su espacio “cumplió con todas las normas de financiamiento y rendición de cuentas” y se puso a disposición de la justicia.
La investigación sobre el presunto desvío de fondos se encuentra en curso, y tanto desde el municipio como desde la provincia esperan que la justicia electoral determine si existió o no una violación a la ley de financiamiento de campañas.
