El Gobierno nacional oficializó el Decreto 149/2025, publicado en el Boletín Oficial el 5 de marzo, que establece que las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo aceptación voluntaria por parte de estos últimos.
La medida, que entrará en vigencia el 5 de junio tras un período de adecuación de 90 días, fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien la calificó como una acción “anti-casta” destinada a eliminar “impuestos privados” que beneficiaban a entidades empresariales sin el consentimiento de los empleadores no afiliados.
Con esta disposición, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contengan cláusulas que impongan cargas económicas en favor de cámaras empresariales a empleadores no afiliados.
Además, el decreto establece que cualquier aceptación voluntaria de tales cargas podrá ser revocada libremente en cualquier momento mediante una comunicación fehaciente a la entidad correspondiente.
Esta medida busca reforzar la autonomía de los convenios colectivos, asegurando que su objeto principal sea la regulación de condiciones de trabajo y evitando que se utilicen para imponer cargas económicas ajenas a la relación laboral.
La implementación de esta normativa representa un cambio significativo en la estructura de financiamiento de las cámaras empresariales, que deberán adaptarse a un modelo basado en la afiliación voluntaria y la prestación de servicios que justifiquen la adhesión de los empleadores.
El Decreto 149/2025 marca un hito en la política laboral argentina, al eliminar prácticas que el Gobierno considera contrarias a los principios de libertad de asociación y legalidad, y al promover una mayor transparencia y equidad en las relaciones laborales.
