La empresa Aguas Santafesinas S.A. intensificó en Rosario su política de gestión de deuda sobre grandes usuarios no residenciales, frente a un nivel de morosidad que impacta de manera directa en el equilibrio económico y operativo del sistema de agua potable.
De acuerdo con datos actualizados a 2025, 423 grandes usuarios de la ciudad se encuentran actualmente en proceso de gestión por deuda. En conjunto, estos casos registran un consumo promedio cercano a los 50.000 metros cúbicos mensuales de agua no abonada, lo que equivale a unos 120 m³ por mes por usuario, con situaciones puntuales que llegan a 700 m³ mensuales.
La antigüedad promedio de estas deudas ronda los dos años, aunque existen casos que alcanzan hasta cuatro años sin pago, mientras que el monto total adeudado por grandes usuarios en toda el área de concesión supera los 700 millones de pesos.
Desde la compañía remarcaron que, pese al incumplimiento, estos usuarios continúan recibiendo el servicio, generando un desequilibrio frente a quienes pagan regularmente. En ese marco, la presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti, subrayó que la gestión de deuda “no es punitiva”, sino una herramienta necesaria para preservar un servicio esencial y garantizar equidad entre los usuarios.
El procedimiento contempla instancias sucesivas de comunicación e intimación, con opciones de planes de pago adaptados a cada situación. Cuando esas vías se agotan, el régimen tarifario habilita como última instancia la reducción del suministro a un caudal máximo de 100 litros diarios, con el objetivo de lograr un contacto efectivo y avanzar en la regularización.
La experiencia de la empresa muestra resultados concretos: el 30% de los usuarios regulariza su situación antes de la reducción, mientras que otro 50% lo hace luego de aplicada la medida. El 20% restante avanza hacia el corte total del servicio o instancias judiciales, en los casos que no corresponden a usuarios residenciales.
Desde Aguas Santafesinas aclararon que todos los casos alcanzados por estas acciones fueron previamente evaluados con indicadores socioeconómicos oficiales, con el fin de resguardar a los sectores vulnerables y concentrar las medidas en grandes usuarios con capacidad de pago.
