El Gobierno nacional puso en marcha la primera etapa del plan para transferir la gestión y mantenimiento de rutas nacionales al sector privado, bajo un modelo de Participación Público-Privada (PPP) revisado. El programa busca reactivar la inversión en infraestructura vial, paralizada desde hace más de cinco años, y promete un cambio de paradigma en la manera en que se financian y ejecutan las obras.
Entre las siete constructoras que manifestaron interés figura Obring, la firma rosarina con amplia trayectoria en obras de infraestructura y vialidad. La compañía competirá con otras de peso nacional, como Helport, IECSA, Rovella Carranza, Cartellone, BTU y Chediack, en la puja por quedarse con los primeros corredores licitados.
El esquema contempla que los consorcios ganadores se encarguen del mantenimiento, repavimentación y modernización de los tramos adjudicados, asumiendo parte del riesgo financiero. Sin embargo, los bancos privados evitaron comprometer fondos, lo que obligará a que el fondeo inicial provenga del Banco Nación y otras entidades estatales.
Desde el Ministerio de Infraestructura sostienen que el objetivo es reducir el deterioro de la red vial y garantizar continuidad de mantenimiento con estándares internacionales. En esta primera fase se incluirán más de 3.000 kilómetros de rutas distribuidas en distintos corredores del país, con contratos a largo plazo y esquemas de control técnico por parte del Estado.
En el sector constructor, el proceso genera expectativas moderadas: reconocen la oportunidad de retomar obras paralizadas, pero advierten que la rentabilidad dependerá de la estabilidad macroeconómica y del diseño financiero final que logre el Gobierno con los bancos públicos.
