El gobierno de Estados Unidos introducirá una nueva “Visa Integrity Fee” de 250 dólares que impactará a todas las visas no inmigrantes, entre ellas las categorías B-1/B-2 para turismo y negocios, además de visas para estudiantes y trabajo temporal. Esta tasa se sumará al arancel consular habitual, llevando el costo total de la visa de turista o negocios de los actuales 185 dólares a 435 dólares, sin posibilidad de reducción ni exención.
La medida fue impulsada a través de la llamada “One Big Beautiful Bill”, aprobada recientemente, y comenzará a regir con el inicio del año fiscal 2026. Además, se actualizará todos los años según el índice de inflación estadounidense, por lo que se anticipa que seguirá en aumento.
Cómo funciona la devolución
El nuevo cargo funcionará como un depósito reembolsable, destinado a incentivar el cumplimiento estricto de las condiciones migratorias. El solicitante podrá recuperar los 250 dólares solo si respeta el tiempo de estadía autorizado, no trabaja de manera ilegal y realiza cualquier ajuste o extensión de estatus dentro de los plazos legales en Estados Unidos. Si no cumple, el monto será retenido y transferido al Tesoro estadounidense.
Un golpe al bolsillo de viajeros y estudiantes
Diversos sectores ya advirtieron que esta suba representa una carga significativa, especialmente para turistas de países en desarrollo y estudiantes internacionales. En muchos casos, el costo de una visa de turismo o negocios superará los 430 dólares, encareciendo considerablemente el acceso para familias y jóvenes que buscan oportunidades académicas o laborales temporales en Estados Unidos.
A su vez, expertos en educación internacional y cámaras del sector turístico señalaron que la medida podría desalentar viajes en la previa del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá a Estados Unidos como anfitrión.
Argumentos oficiales y críticas
Desde el gobierno norteamericano defendieron la nueva tasa como un mecanismo para “fortalecer los controles migratorios y garantizar la integridad del sistema”. Sin embargo, organizaciones vinculadas a la educación y asociaciones migratorias la calificaron como una barrera económica excesiva, que impactará con mayor dureza en quienes tienen menores ingresos.
