El caso que en los últimos días captó la atención en el sur santafesino y se viralizó a nivel nacional sumó un nuevo capítulo judicial, ahora con versiones contrapuestas que profundizan la polémica. La denuncia por la supuesta desaparición de casi 200 cabezas de ganado derivó en una causa por presunta defraudación en Villa Constitución, donde ya intervino la Justicia con medidas restrictivas para el imputado.
Por un lado, el abogado Pablo Morosano, defensor del empresario Nicolás Coscia, negó de manera tajante la existencia de un delito. Según planteó, no hubo robo ni engaño, sino un acuerdo verbal de larga data para el engorde de animales, en lo que ya era el cuarto ciclo de trabajo conjunto entre las partes. “Los animales en ningún momento estuvieron desaparecidos para el denunciante”, sostuvo.
En esa línea, explicó que la operatoria era habitual: el ganado era entregado para su engorde, luego vendido y finalmente se repartían las ganancias. Además, anticipó que la defensa pedirá el archivo de la causa al considerar que no existió administración fraudulenta. Incluso deslizó que detrás de la denuncia pudo haber un problema de liquidez o una estrategia vinculada a la exposición en redes sociales.
Sin embargo, la versión del denunciante, Bruno Riboldi —conocido como “La Joya Agro”—, difiere de manera contundente. En diálogo con LT8 Radio Rosario, aseguró que la situación es “desesperante” y que aún hay 29 animales que no fueron recuperados. “No sabemos dónde están”, afirmó.
Riboldi también rechazó la idea de una sociedad comercial y sostuvo que el vínculo era simplemente un servicio de pastaje. “Los animales siempre fueron de mi propiedad. Esto no es una sociedad, es como llevar un auto al taller”, graficó.
Según su relato, Coscia habría vendido la hacienda sin autorización a través de una consignataria, operación que calificó como irregular. “Los animales se vendieron hace semanas a un productor de Chabás, pero eran míos. Lo que compraron es robado”, denunció.
El influencer explicó que pudo recuperar gran parte del ganado gracias a la intervención de la policía rural, que identificó los animales por su marca y documentación. “Las vacas tienen caravana y marca, como un auto tiene número de chasis. Así se comprobó que eran mías”, detalló.
Además, sumó nuevos elementos que —según su visión— agravan la situación. Señaló que otras personas del sector se comunicaron con su familia denunciando problemas similares y aseguró que la empresa vinculada al acusado registra una importante cantidad de cheques rechazados. “Yo no tenía conocimiento de esa situación”, indicó.
Riboldi también salió al cruce de las versiones que lo vinculan con una supuesta estrategia para ganar visibilidad en redes sociales. “Tengo millones de seguidores y crecimiento constante. No necesito montar nada para eso”, respondió. Incluso remarcó que al momento del conflicto se encontraba en Europa, donde recibió un reconocimiento como influencer agropecuario.
Mientras la causa avanza en la Justicia y se mantiene una restricción de salida del país para el imputado, el conflicto deja al descubierto no solo una disputa económica, sino también el impacto de las redes sociales en la amplificación de casos judiciales. Con dos versiones completamente opuestas —una que habla de un acuerdo comercial sin irregularidades y otra que denuncia una maniobra ilegal—, el expediente promete nuevos capítulos en los tribunales.
