En el marco del tramo final del proceso de salvataje de Vicentin SAIC, Grassi S.A. presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista su contestación a las impugnaciones formuladas por Louis Dreyfus Company (LDC), Molinos Agro (MOA) y otros acreedores. La firma calificó los planteos como “endebles, extemporáneos y orientados únicamente a forzar la quiebra”, y reclamó que se homologue sin más trámites el acuerdo alcanzado.
Según expuso la compañía, su propuesta obtuvo 1.141 adhesiones sobre un total de 1.708 acreedores computables, lo que representa más del 66% de capitas y el 84,99% del capital, de acuerdo con los informes de la sindicatura. Con esos números, afirmó, “se superaron con holgura” los requisitos exigidos por la Ley de Concursos, lo que motivó que el propio tribunal declarara el pasado 11 de noviembre la existencia de acuerdo preventivo y habilitara la instancia impugnatoria.
Grassi también subrayó que, conforme al artículo 48 de la LCQ, el oferente que primero consigue y comunica las mayorías “resulta vencedor” del proceso de cramdown, y que ninguna otra propuesta —incluida la de LDC/MOA— alcanzó los porcentajes necesarios. De ese modo, sostuvo que el juez ahora solo puede decidir entre la homologación o la quiebra de Vicentin.
Uno de los puntos más controvertidos de las impugnaciones del “consorcio” LDC/MOA —tal como lo denomina Grassi— fue la solicitud de excluir de la base de cómputo a varios acreedores, entre ellos Grassi S.A., Commodities S.A., Avir South y Vicentin Paraguay. La empresa rechazó de plano esas pretensiones: sostuvo que las exclusiones previstas para el concurso original no son aplicables al salvataje, que los planteos fueron formulados de manera tardía y que incluso los propios impugnantes incurren en contradicciones al computar votos de sociedades vinculadas en su propuesta.
Otra de las críticas de LDC y MOA apuntó a una supuesta “abusividad” de la propuesta de Grassi. Frente a ello, la compañía remarcó que los acreedores tuvieron plena libertad para elegir entre las distintas alternativas y que más del 84% del capital respaldó esas opciones. Asimismo, recordó que la denominada “opción residual”, cuestionada por los impugnantes, está prevista en la doctrina y deja bajo criterio del juez su aplicación caso por caso.
La presentación también señaló que los competidores intentaron “embarrar la cancha” durante el período de negociación, buscando que los acreedores revocaran adhesiones ya otorgadas. Grassi aseguró que incluso debieron denunciar maniobras desleales, como un sistema de revocación que inducia al error, lo que obligó al juez a intervenir.
Como cierre, la firma fue categórica: en caso de que prosperen las impugnaciones o el juez rechace la homologación, la Ley de Concursos impone la quiebra inmediata de Vicentin, un escenario que —según Grassi— solo beneficiaría a quienes no lograron reunir las mayorías en el proceso de salvataje.
