En un post reciente en su cuenta de X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzennegger, lanzó una dura advertencia: el kirchnerismo pretende elevar el llamado “costo argentino” al derogar el Decreto 273/2025, que permite importar maquinaria usada. Según el ministro, esa política revertiría un beneficio clave para las PYMEs y sectores industriales que hoy pueden acceder a equipos importados a menor precio. “Quieren aumentar el ‘costo argentino’ para todas las industrias del país… Quieren que nuestras PYMES no puedan hacer lo que hice yo: duplicar la producción con maquinaria usada”, escribió Sturzennegger.
Para ilustrarlo, relata el caso de una pyme marplatense que necesitaba duplicar su capacidad y encontró una máquina usada australiana a 250.000 USD frente a una nueva de 1,5 millones. “Compré dos y voy a triplicar la producción”, aseguró el ministro.
¿Qué implica el Decreto 273/2025?
El Decreto 273/2025 modificó el régimen de importación de bienes de capital usados en Argentina, eliminando la obligación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para equipos agrícolas, industriales, mineros y de otros sectores. Esta simplificación normativa permite que las empresas importen sin los trámites burocráticos previos.
Con esta reforma, en lo que va de 2025 más de 1.014 empresas accedieron al régimen de importación de maquinaria usada —un récord histórico—, 40 % más que en 2024 y un 90 % más que en 2023, según Sturzennegger.
El decreto acota ciertos bienes y exige declaraciones juradas en el sistema informático MALVINA para asegurar que la maquinaria no sea residual ni viole otras normas de sanidad, seguridad o medioambiente. Además, organismos como SENASA supervisan la importación agrícola para evitar riesgos de plagas.
Este cambio normativo ha generado reacciones contrapuestas: sectores que antes no podían acceder a equipos usados ahora encuentran oportunidades, mientras que industrias locales —por ejemplo la naval— alertan que competirán contra maquinaria importada que podría desplazar producción nacional.
Principales argumentos del ministro
Sturzennegger sostiene que derogar el decreto será un retroceso para la producción local:
-
Aumentaría los costos para PYMEs que no pueden permitirse maquinaria nueva.
-
Dificultaría que inversiones medianas se realicen.
-
Penalizaría a sectores múltiples —agro, minería, petróleo, metalmecánica— que se benefician de reducir costos de mantenimiento y ampliar su escala operativa.
-
Limitaría la competitividad de industrias innovadoras que necesitan maquinaria moderna.
El funcionario además denuncia que el Congreso ya interviene los decretos ejecutivos con tanta intensidad que cercena las potestades del Ejecutivo, pese a que décadas atrás criticaban esas incursiones legislativas.
Tensión política y escenarios posibles
La polémica revela una tensión central dentro del proyecto económico del gobierno: hasta qué punto abrir la economía importando bienes usados choca con la defensa de la industria nacional. Para el ministro, el decreto 273/2025 ha sido un paso esencial para descomprimir costos y activar sectores productivos que antes estaban restringidos por barreras administrativas.
Pero los opositores industriales alertan por el riesgo de que la competencia del usado desplome la demanda de bienes manufacturados locales. En el sector naval, por ejemplo, el decreto fue criticado como una amenaza directa a la subsistencia de la industria nacional.
El resultado de este choque político podría definirse en el Congreso, si fuerzas legislativas promueven la derogación del decreto o endurecen las condiciones de importación. Para Sturzennegger, esa ofensiva sería una “triste historia” que penalizaría el tejido productivo y ahogaría la competitividad argentina.
