El agro argentino recibió una señal positiva en el cierre de 2025: la baja permanente de las retenciones comenzó a reflejarse en los números. Sin embargo, el alivio todavía es parcial. Según el último Índice FADA, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, el Estado se queda con el 56,3% de la renta agrícola, una cifra que confirma que la presión impositiva continúa siendo uno de los principales límites para el sector productivo.
El indicador mostró una baja respecto de septiembre, cuando alcanzaba el 60,9%, explicada por dos factores clave: la reducción efectiva de los Derechos de Exportación (DEX) y una mejora en los precios internacionales de la soja y el maíz. Menos impuestos y mejores valores elevaron la renta, pero no modificaron el diagnóstico de fondo: más de la mitad de lo que genera una hectárea sigue destinado a pagar tributos.
Desde FADA explican que, una vez descontados los costos de producción —semillas, fertilizantes, fletes, salarios, seguros—, el resultado económico se reparte de la siguiente manera: 27,9% queda para el propietario de la tierra, 15,8% representa la ganancia del productor y 56,3% corresponde a impuestos. Esa última porción es la que mide el Índice FADA y grafica con claridad el peso del Estado sobre la actividad.
La composición de esa carga también aporta señales relevantes. Del total de impuestos pagados por una hectárea agrícola, el 56,5% son nacionales no coparticipables, recursos que no regresan a las provincias. El 37,1% corresponde a impuestos nacionales coparticipables, mientras que sólo el 5,7% son tributos provinciales y el 0,7% municipales. Aun así, se trata de uno de los niveles más bajos de impuestos no coparticipables desde que se mide el índice, una consecuencia directa de la reducción de retenciones.
Las diferencias provinciales siguen marcando realidades heterogéneas. Mientras el Índice FADA nacional se ubica en 56,3%, Entre Ríos lidera la presión impositiva con un 60,3%, seguida por Buenos Aires (54,5%), Córdoba (54,3%), Santa Fe (53,5%), La Pampa (53,6%) y San Luis (51,4%). Las brechas responden a variaciones en rindes, costos logísticos y esquemas impositivos locales, como Ingresos Brutos, tasas municipales o guías cerealeras.
Mirando hacia adelante, el informe traza un escenario productivo favorable para la campaña 2025/26. Se proyecta un aumento cercano al 18% en la producción total de soja, maíz, trigo y girasol, equivalente a 16 millones de toneladas adicionales respecto del ciclo anterior. El crecimiento estaría traccionado principalmente por maíz, trigo y girasol, con este último mostrando una suba del 23%, mientras que el trigo se encamina a una campaña récord, con un salto del 38%. La soja, en cambio, exhibiría una leve retracción del 2%.
El desafío es que este mayor volumen no vendrá acompañado, al menos por ahora, de mejores precios. Las proyecciones indican un escenario internacional neutral, con valores similares a los actuales. En ese contexto, la presión impositiva vuelve a ocupar un lugar central: más producción no garantiza mayor rentabilidad si la carga fiscal sigue absorbiendo la mayor parte de la renta.
El mensaje del Índice FADA es claro. La baja de retenciones mejoró expectativas y previsibilidad, pero el camino hacia una agroindustria más competitiva todavía requiere una reforma impositiva más profunda, que permita transformar el aumento de producción en inversión, empleo y crecimiento sostenido. Mientras tanto, la mochila fiscal sigue pesando más de la cuenta.
