El Gobierno nacional resolvió aumentar nuevamente los derechos de exportación para el complejo granario, llevando las alícuotas de la soja al 33% y del maíz al 12%, a partir del 1º de julio, tal como quedó establecido en el decreto 439/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida generó un fuerte rechazo en las entidades agropecuarias, que consideran que la decisión golpea aún más a un sector ya castigado por la caída de márgenes y la falta de señales claras a futuro.
Uno de los primeros en manifestarse fue el exjefe de Gabinete de Agricultura y productor agropecuario Santiago del Solar, quien calificó la decisión como “una muy mala noticia” y cuestionó con dureza la falta de horizonte para el sector:
“Los cultivos de soja y maíz vienen con quebrantos importantes y con esto se va a agravar la situación. Y lo peor de todo es que no hay ningún cambio de expectativas. El gobierno dice que quiere bajar los derechos de exportación, pero cuando podamos, de acá a unos años… Y eso lo leemos como que es nunca”.
Una política “dirigida” al campo
Del Solar sostuvo que esta política fiscal refleja una visión sesgada del Gobierno sobre el agro, al que considera como “variable de ajuste”.
“Es una política socialista dirigida al mercado de granos. Eligen al sector como el que tiene que pagar mucho más impuestos que otros sectores de la economía, lo cual es incomprensible”, señaló.
Además, cuestionó el esquema temporal adoptado para los cultivos de trigo y cebada, en los que se anunció una baja transitoria de tres puntos en los derechos de exportación. “Tiene su trampa. El trigo y la cebada se cosechan en diciembre y enero, y vuelven a subir en marzo. En plena cosecha baja la retención, pero al poco tiempo se vuelve a subir. Eso lo sabe el comprador, que termina trasladando ese descuento al productor”, explicó.
Costo financiero, castigo al productor y premio a la industria
Otro de los puntos que genera malestar es la condición impuesta por el Gobierno para acceder a la baja temporal de retenciones: los exportadores deben ingresar las divisas antes del embarque, lo que implica un alto costo financiero que también impacta sobre el productor.
“Y además, en el caso de la soja, el diferencial entre el poroto (33%) y sus derivados como aceite y harina (31%) se incrementa. Eso le transfiere unos 70 a 80 millones de dólares a la industria aceitera, con una medida del gobierno que es prácticamente un obsequio”, criticó Del Solar.
Un escenario muy complejo para la nueva campaña
Con tasas de interés todavía elevadas, costos en aumento y sin incentivos claros, el referente agropecuario anticipó una campaña “durísima” para el productor. “La presión impositiva sigue siendo desmedida, y esta decisión no hace más que profundizar la falta de confianza en las políticas hacia el sector”, concluyó.
La reacción del campo no tardará en escalar, y se esperan definiciones en los próximos días por parte de las principales entidades agropecuarias.
Desde el inicio de su mandato, Javier Milei prometió eliminar las retenciones como parte de su plataforma liberal y de desregulación económica. Sin embargo, al poco tiempo de asumir, su gobierno prorrogó las alícuotas vigentes, argumentando la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. Esa decisión generó una primera señal de alarma en el sector agropecuario, que había sido uno de los núcleos de apoyo más importantes durante la campaña electoral.
A lo largo de estos meses, las promesas de eliminación de los derechos de exportación fueron reemplazadas por postergaciones indefinidas y ahora, por aumentos concretos. Las entidades rurales, si bien mantuvieron un tono moderado en público, vienen advirtiendo sobre la falta de un plan productivo, las distorsiones en el tipo de cambio, y una presión tributaria que consideran asfixiante. Con esta última medida, el vínculo entre el gobierno y el agro parece entrar en una etapa de ruptura silenciosa.
