La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves la ley que regula la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad, otorgándole sanción definitiva tras aceptar las modificaciones introducidas por el Senado provincial. Se trata de una normativa largamente discutida, que apunta a ordenar y supervisar el funcionamiento de las agencias privadas del sector, en un contexto donde la seguridad es uno de los principales temas de agenda pública.
El diputado Rubén Galassi, autor del proyecto, destacó durante el debate que la iniciativa establece protocolos obligatorios para las empresas y mecanismos que buscan mejorar la coordinación con organismos públicos. Entre los puntos centrales, mencionó la exigencia de evitar alertas falsas al 911, una situación que —según explicó— genera desgaste operativo y afecta la respuesta ante emergencias reales.
“Las empresas deberán profesionalizar sus procedimientos y garantizar trazabilidad en cada intervención. Es un paso necesario para ordenar una actividad muy sensible”, argumentó Galassi.
La discusión no estuvo exenta de tensiones. Desde el bloque libertario, la diputada María Laura Malfesi justificó su voto en contra al considerar que la ley implica una “reglamentación excesiva y absurda”, señalando que puede traducirse en mayores costos y barreras para la actividad privada. “Más controles no significan necesariamente más seguridad”, insistió.
Pese a las disidencias, la norma obtuvo el respaldo mayoritario y quedó formalmente sancionada. Con su aprobación, Santa Fe avanza en un esquema más estricto de supervisión, protocolos y responsabilidades para un sector que mueve miles de puestos de trabajo y que tiene un rol crecientemente relevante ante la demanda social de seguridad.
La implementación de la ley abrirá ahora una etapa clave para la adecuación de empresas y la elaboración de los reglamentos operativos que acompañarán el nuevo marco regulatorio.
