En medio de los reclamos de ahorristas por demoras en la entrega de viviendas y cambios en las condiciones originales, Pilay salió a fijar posición y defendió su modelo de negocio basado en la construcción colaborativa y contratos de largo plazo.
Desde la compañía remarcan que no operan como una inmobiliaria tradicional que vende unidades terminadas con fechas cerradas de entrega, sino como administradores de un sistema en el que los inversores financian las obras y asumen una participación proporcional en su desarrollo.
En ese marco, explican que los plazos de obra no son rígidos, sino que pueden ajustarse en función del contexto económico y de la dinámica del propio sistema. Según la empresa, las demoras señaladas por algunos adjudicatarios no constituyen incumplimientos, sino la aplicación de condiciones previstas contractualmente ante escenarios de inestabilidad.
Uno de los puntos centrales de la defensa de Pilay es el concepto de “obligación de valor”. Bajo este esquema, los aportes de los inversores no representan una deuda fija en dinero, sino que están vinculados al costo real de construcción, lo que implica variaciones en función de la evolución de los precios del sector.
Este criterio, sostienen, cuenta con respaldo judicial en fallos provinciales y forma parte de la lógica de contratos de largo plazo, donde las condiciones deben adaptarse a las circunstancias económicas vigentes durante su ejecución.
En la misma línea, la empresa señala que el Código Civil y Comercial contempla la posibilidad de readaptación de este tipo de contratos, entendiendo que las obligaciones no son estáticas sino dinámicas. Como ejemplo, indican que en los últimos meses unos 1.600 inversores en Rosario ya avanzaron en procesos de adecuación de sus contratos.
Además, desde Pilay destacan que, ante contextos de crisis, la compañía optó por no trasladar la totalidad de los aumentos de costos informados por la Cámara Argentina de la Construcción, aplicando mecanismos de cuotas provisorias para sostener la continuidad de las obras.
“El objetivo es preservar el interés común del sistema y garantizar que los proyectos se terminen”, explican desde la firma, al tiempo que subrayan que el modelo está diseñado justamente para operar en escenarios económicos complejos.
En ese sentido, la empresa plantea que su prioridad es la ejecución sostenida de los desarrollos, incluso si eso implica extender los tiempos previstos originalmente, como forma de resguardar la viabilidad de las obras y el equilibrio del sistema.
La postura de Pilay busca poner en contexto las críticas recientes y reencuadrar el debate en torno a las características del modelo, en un escenario donde la tensión entre previsibilidad para los inversores y adaptación económica continúa marcando el pulso del sector.
