El nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales que impulsa el Gobierno nacional traerá cambios relevantes para la movilidad en el sur de Santa Fe. La licitación de corredores viales prevé sumar decenas de estaciones de peaje y redefinir los tramos administrados por privados, lo que afectará directamente a varias localidades santafesinas atravesadas por las principales rutas productivas del país.
Para la región de Rosario, el impacto es particularmente significativo porque varias de las trazas incluidas en el proceso de privatización son las mismas que articulan el flujo de camiones hacia los puertos del Gran Rosario y, al mismo tiempo, conectan la ciudad con los grandes centros urbanos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de la ruta nacional 33, que une el oeste de la provincia con Rosario y forma parte del corredor que vincula el interior productivo con el sistema portuario del Paraná. Actualmente cuenta con una única estación de peaje en su tramo final cercano al nodo de la autopista Rosario–Buenos Aires, pero el nuevo esquema prevé la instalación de cinco estaciones adicionales, ubicadas en puntos estratégicos del corredor.
Ese sistema afectará directamente el tránsito que pasa por localidades santafesinas como Rufino, Venado Tuerto y Casilda, tres ciudades clave del sur provincial que concentran una intensa actividad agrícola, logística y comercial. La ruta 33 es además una de las principales vías de acceso a Rosario para la producción del oeste santafesino y del norte bonaerense.
El cambio implica que los viajes hacia Rosario desde esa región, que hoy pueden realizarse con un solo peaje o incluso sin pago en algunos tramos, pasarán a tener múltiples puntos de cobro distribuidos a lo largo del corredor.
Otro eje estratégico es el que vincula Rosario con Buenos Aires, a través de la autopista de la ruta nacional 9, parte del corredor portuario que conecta el área metropolitana con los principales nodos industriales del país. Este tramo forma parte del sistema concesionado y concentra uno de los mayores volúmenes de tránsito de cargas de la Argentina, impulsado por la actividad de los puertos agroexportadores del Gran Rosario.
En el sentido opuesto, hacia el oeste, la conexión entre Rosario y Córdoba también queda dentro del sistema de rutas concesionadas. En ese caso se trata de los corredores que articulan el tránsito productivo hacia el centro del país y que atraviesan localidades clave para el transporte agrícola y ganadero.
El esquema diseñado por el Gobierno prevé que los concesionarios privados puedan instalar nuevas estaciones de peaje para evitar los tramos sin cobro que existen actualmente entre cabinas. Con ese criterio, el sistema pasaría de 39 estaciones actuales a cerca de 89 en todo el país, una expansión significativa que busca aumentar la recaudación de los corredores.
La referencia tarifaria que aparece en los pliegos es de alrededor de $3500 por cada 100 kilómetros, aunque el valor final dependerá de las ofertas que presenten las empresas en cada licitación y de los mecanismos de actualización que se apliquen durante la concesión.
Sin embargo, el aspecto que más debate genera es que el nuevo esquema no prevé grandes ampliaciones de infraestructura. Las obligaciones principales para los concesionarios están vinculadas a tareas de mantenimiento, repavimentación, señalización y mejoras puntuales en accesos o banquinas.
Esto significa que, al menos en una primera etapa, no habrá obras estructurales como nuevos carriles o autopistas completas en varios de los corredores más transitados del país, incluidos aquellos que conectan Rosario con los principales polos económicos.
En una región donde el tránsito pesado es parte del paisaje cotidiano, la redefinición del sistema de peajes vuelve a poner en el centro del debate el modelo de financiamiento de la infraestructura vial. Las rutas del sur santafesino, atravesadas por millones de toneladas de granos y por el movimiento constante entre Rosario, Buenos Aires y Córdoba, quedarán así dentro de un nuevo esquema en el que el mantenimiento y la recaudación pasarán a estar, durante las próximas décadas, en manos de operadores privados.
