La discusión por el financiamiento de la salud pública en Rosario sumó un nuevo capítulo y escaló rápidamente a un plano político. La propuesta impulsada por el espacio Ciudad Futura, que busca que la Provincia asuma el costo total del sistema sanitario local, generó una fuerte reacción del intendente Pablo Javkin y de su equipo de gobierno.
Desde el Ejecutivo municipal calificaron la iniciativa como “improvisada” y “oportunista”, y advirtieron que detrás del planteo no solo hay una cuestión de recursos, sino también una disputa por el control del sistema de salud. Según interpretan en el Palacio de los Leones, aceptar ese esquema implicaría resignar la capacidad de decisión sobre hospitales, centros de salud y políticas sanitarias.
Javkin fue particularmente crítico con la propuesta y apuntó directamente contra Juan Monteverde. El intendente sostuvo que avanzar en ese sentido podría poner en riesgo la estructura actual del sistema local, incluyendo hospitales, atención en barrios y servicios especializados que hoy dependen de la órbita municipal.
En ese marco, el oficialismo busca instalar que el eje del debate no debería centrarse únicamente en el financiamiento, sino en las consecuencias institucionales de un eventual traspaso. Para la gestión local, la discusión de fondo es quién define las prioridades, las inversiones y el modelo sanitario que se implementa en la ciudad.
La iniciativa de Ciudad Futura parte de un diagnóstico compartido incluso por el propio municipio: Rosario sostiene con fondos propios un sistema de salud que atiende a una población mucho más amplia que la de sus contribuyentes. La red sanitaria local recibe pacientes no solo de la ciudad, sino también del área metropolitana y del sur provincial.
A partir de ese escenario, el proyecto propone que la Provincia asuma la totalidad del financiamiento o, al menos, incremente significativamente su participación. La argumentación se apoya en que la responsabilidad primaria en materia de salud corresponde al Estado provincial.
Sin embargo, desde el municipio advierten que esa mirada mezcla planos distintos. Reconocen la necesidad de fortalecer el aporte provincial, pero rechazan de plano la posibilidad de transferir el control del sistema.
El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, lo planteó en términos claros: quien financia también define. Según explicó, si la Provincia pasara a sostener económicamente todo el sistema, inevitablemente tendría injerencia directa en su conducción, lo que implicaría ceder el gobierno de la salud pública local.
Para la actual gestión, ese escenario rompería con una tradición histórica de Rosario, que construyó su red sanitaria a lo largo de décadas con planificación propia, infraestructura y decisiones tomadas a nivel local. En esa línea, sostienen que la salud pública es uno de los pilares de la identidad de la ciudad.
De todos modos, el municipio no desconoce las tensiones presupuestarias. Admiten que existe un esquema de cofinanciamiento con la Provincia, especialmente en los niveles de mayor complejidad, y plantean que ese mecanismo podría fortalecerse e incluso contar con mayor respaldo legal.
La diferencia, insisten, está en no avanzar hacia una “provincialización” del sistema. Para el oficialismo, recibir más recursos no debería implicar perder autonomía.
En esa lógica, Javkin advirtió que bajo el esquema propuesto por la oposición, decisiones cotidianas —como la apertura de nuevos centros de salud o la implementación de servicios específicos— podrían quedar sujetas a la aprobación provincial.
Desde el Ejecutivo también remarcan el peso que tiene la salud dentro de las cuentas municipales. Según estimaciones oficiales, el área concentra cerca de una cuarta parte del presupuesto total y una proporción aún mayor del gasto en personal.
