El Poder Ejecutivo provincial ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto para prorrogar parcialmente la emergencia en seguridad pública, una norma que vence el mes próximo y que fue clave en la reincorporación de efectivos retirados a la Policía y al Servicio Penitenciario. La solicitud se concentra exclusivamente en el componente de recursos humanos, dejando afuera las facultades especiales para procesos de compra y licitación que rigieron durante los últimos dos años.
La iniciativa, compuesta por cuatro artículos, propone declarar nuevamente –por otros doce meses– la emergencia en materia de personal para la Policía, el Servicio Penitenciario y el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). Además, habilita al Ejecutivo a extender el régimen por un año adicional si persisten las condiciones que dieron origen a la medida.
El esquema excepcional vigente permitió, desde su implementación mediante la Ley 14.237, incorporar con mayor rapidez a efectivos retirados. Según datos oficiales, 84 policías regresaron al servicio activo bajo esta modalidad, junto con un agente penitenciario. Sostener ese marco normativo se volvió prioritario para la gestión de Cococcioni, que esta semana expuso ante la Comisión de Seguridad Pública de Diputados.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el tratamiento previsional de los reincorporados: se establece que los beneficios jubilatorios se calcularán según la legislación vigente al momento del primer cese del servicio, aunque se sumarán los nuevos años trabajados y los ascensos obtenidos durante la reincorporación.
Un nuevo marco para la seguridad privada
En paralelo, la provincia avanza en modernizar la regulación del sector de seguridad privada. La Cámara de Diputados sancionó una ley de 70 artículos que reemplaza un decreto de más de tres décadas y que abarca desde la vigilancia física hasta los sistemas electrónicos de alarmas.
El Gobierno subraya que uno de los objetivos principales es reducir el volumen de falsas alarmas, que hoy consumen un porcentaje significativo de la operatividad policial. Solo en Rosario, el 30% del trabajo del 911 se destina a estos llamados: más de 150.000 avisos en lo que va del año, de los cuales apenas 350 derivaron en incidentes reales. Con la nueva normativa, se busca ordenar el sistema, optimizar el despliegue policial y mejorar la eficiencia de los recursos públicos.
La ley crea un registro obligatorio de empresas, fija los requisitos para operar y establece estándares profesionales tanto para vigiladores como para tecnologías como drones y tótems. También habilita sanciones para firmas no inscriptas, con el objetivo de promover competencia leal y posicionar a la seguridad privada como un complemento de la política pública en materia de prevención y control.
Para el sector empresarial, la normativa abre un nuevo escenario regulatorio: más exigente en términos operativos, pero con reglas claras que tienden a profesionalizar un rubro que tiene cada vez mayor peso en la economía provincial.
