Como consecuencia de la sanción de de la Ley Complementaria sobre Riesgos del Trabajo N°27.348, en febrero del 2017, en las provincias que adhirieron, las alícuotas de los seguros disminuyeron un 20%, según datos oficiales. Estos altos costos se estaban llevando puestas a muchas pymes (como aún ocurre en nuestra provincia) debido a que en algunos casos, llegan a representar entre un 15 y 20% de la masa salarial, manifiesta un escrito divulgado por el Foro Regional Rosario, que preside Carlos Cristini.
“El informe Trimestral de Litigiosidad de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) señala que, mientras en el tercer trimestre del 2017 se registraron 29.854 juicios de trabajadores, en el mismo período del 2018 bajó a 16.638, un 44,3% menos. Esto, significó un total de 13.214 juicios menos y un ahorro para el sistema de $ 4.800 millones”, indica.
Al medir la litigiosidad por provincia, los números de la SRT muestran una significativa reducción de juicios, en aquellas jurisdicciones que adhirieron a la Ley 27.348: Ciudad de Buenos Aires (-61,9% de expedientes judiciales); provincia de Buenos Aires (-42,8%); Córdoba (-76,4%); Mendoza (-56,5%); Salta (-30,6%) San Juan (-10,6%); Formosa (-77,8%); Misiones (-11,7%), Rio Negro (-16,2%) y Tierra del Fuego (-66,7%).
“En contrapartida a estos datos, nos encontramos en la provincia de Santa Fe, por un lado con un gobernador que manifiesta a viva voz su voluntad y la necesidad de adherir a la ley nacional y, por otro lado, un cuerpo legislativo que parecería no hacerse eco ni de los resultados que surgen de la aplicación de la nueva ley ni de la voluntad del propio Gobernador”, señala el escrito del Foro.
Desde la sanción de la ley nacional obran en diputados, entre 4 y 5 proyectos de adhesión sobre los cuales no se logró ningún acuerdo. Como consecuencia de ello, según sus propios dichos, el gobernador Miguel Lifschitz presentó otro proyecto, ingresándolo en esta oportunidad por Senadores aunque, según lo expresó un senador justicialista que estaría de acuerdo con la adhesión, ni los propios (en referencia a los senadores que responden al FPCyS), han pedido su tratamiento. Efectivamente, el proyecto ingresado por mensaje del Ejecutivo para su tratamiento en extraordinarias aún no ha sido tratado y por ende no ha comenzado el derrotero por las diferentes comisiones.
“Es por este motivo que desde el Foro Regional y las demás entidades de la sociedad civil, salimos a pedir a los legisladores se pongan a la altura de las necesidades y trabajen rápidamente para dar una solución a esta terrible problemática”, enuncia el comunicado.
“Problemática asumida por los propios sindicatos de trabajadores que, si prestan atención, hasta acompañaron en el 2017 al dictado de la ley nacional dado que entendieron que la alta litigiosidad, no solo perjudica a las empresas, sino indirectamente a los trabajadores quienes ven peligrar su fuente de trabajo. Además, el tiempo que llevan los juicios y los altos porcentajes con que se quedan los abogados, perjudica a los trabajadores de manera directa, quienes acceden a sus indemnizaciones tarde y mal. Asimismo, hasta los ingresos a las arcas provinciales se verán perjudicados dado que la provincia pierde competitividad ante otras jurisdicciones donde sí se aplica la nueva norma y hacia dónde irán a radicarse muchas empresas y pymes para lograr su subsistencia”, explica.
A modo de aportar claridad con respecto al impacto que tiene esta situación en las empresas y el modo en que pueda influir en su supervivencia, el Foro ejemplifica el beneficio de adherir a la normativa de la siguiente manera: en una empresa industrial de la región que se encontraba pagando una alícuota del 15% sobre masa salarial total, luego de una serie de ajustes en el área de recursos humanos y personal, logró bajar la misma a 7,65%. Siguiendo con el análisis y en relación con la rentabilidad, en el año 2018, esta firma terminó el periodo en equilibrio (no ganó ni perdió), pero pagó en concepto de ART $ 2.800.000 aprox. Si hubiese pagado una alícuota del 4%, la empresa habría ganado $ 1.400.000, lo que significaría que pagará $ 500.000 de impuesto a las ganancias y vía coparticipación la provincia habría cobrado una parte de ese impuesto.
Desde el Foro, expresaron que ya solicitaron una reunión con los miembros del Bloque Justicialista, que es mayoría en la Cámara alta, para avanzar sobre el tratamiento del proyecto. “Tenemos un buen recuerdo de trabajo junto a los senadores provinciales en ocasión de la ley de cierre dominical, el narcomenudeo y muchas otras, por lo que apostamos a que en esta oportunidad, ocurra lo mismo. El problema son los tiempos legislativos que, salvo raros intereses, no se condicen con las necesidades de la sociedad”, finaliza el documento.
