Subastaron en casi 340 mil dólares la Ferrari F430 y dos camionetas decomisadas al clan Loza

La AABE vendió tres vehículos incautados en una causa por narcotráfico y lavado, en una de las operaciones más relevantes bajo el régimen de extinción de dominio

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) llevó adelante la subasta de tres vehículos que habían sido decomisados al clan Loza, en el marco de una investigación federal por narcotráfico, lavado de activos y contrabando de divisas.
El remate permitió recuperar para el Estado un total de USD 339.231,15, cifra que se incorpora al patrimonio público bajo el esquema de extinción de dominio, que habilita la venta anticipada de bienes vinculados a delitos complejos.

Los vehículos y los montos obtenidos

La protagonista de la jornada fue una Ferrari F430 modelo 2006, de 16.855 kilómetros, que despertó fuerte interés entre los oferentes.

  • Ferrari F430: adjudicada por USD 310.000, muy por encima de su base inicial. 
  • Chevrolet 3100: vendida por USD 16.231,15
  • Chevrolet Silverado 1993: subastada en USD 13.000.

El total reunido roza los 340 mil dólares, y constituye un caso emblemático de recuperación rápida de bienes derivados de actividades ilícitas.

Por qué se ordenó la venta anticipada

El Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 10 había autorizado en agosto de 2024 la venta anticipada para evitar el deterioro de los activos y asegurar que su valor no se reduzca mientras avanza el proceso judicial.

La medida se encuadra en una estrategia más amplia de administración estatal que busca:

  • Preservar el valor económico de bienes incautados. 
  • Reducir costos de mantenimiento.
  • Acelerar la reintegración de recursos al Estado.

Un caso testigo dentro de las causas por narcocriminalidad

Los vehículos formaban parte de los bienes secuestrados durante la investigación iniciada en 2017 contra la organización, acusada de operar redes de tráfico de estupefacientes y maniobras de lavado dentro y fuera del país.

La subasta se suma a un proceso que apunta a debilitar la estructura económica de bandas criminales, transformando bienes ilícitos en recursos estatales destinados a fines públicos.

 

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