Uno de los ejes centrales será el sistema impositivo. Según anticipó el mandatario, se avanzará en una reforma tributaria con el objetivo de reducir la carga fiscal y reorientar el esquema vigente. “El sistema tributario tiene que estar al servicio del crecimiento y no de la política”, sostuvo. En ese marco, también adelantó cambios en el Código Aduanero y la firma de nuevos tratados internacionales en materia fiscal.
El plan que prepara Economía
La iniciativa ya está en análisis en el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La meta de máxima es avanzar en la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios —conocido como impuesto al cheque— y de los derechos de exportación.
No obstante, desde el Gobierno aclaran que cualquier reducción o eliminación estará condicionada a la evolución de las cuentas públicas. En esa línea, Milei reiteró que las retenciones bajarán “en la medida en que la situación fiscal lo permita”, dejando abierta la posibilidad de un esquema gradual.
Además, el Presidente anunció el envío de un proyecto para reforzar la protección de la propiedad intelectual en materia de semillas, con el objetivo de evitar el uso no autorizado de desarrollos argentinos en otros países.
Ganancias e IVA, en la mira
El rediseño tributario también alcanzaría al Impuesto a las Ganancias y al IVA. En el caso de Ganancias, la intención oficial es reducir la alícuota corporativa al 25%, en línea con el esquema previsto en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Una iniciativa similar había encontrado resistencia de los gobernadores en debates anteriores.
En cuanto al IVA, el equipo económico evalúa avanzar hacia una alícuota uniforme, eliminando el esquema actual que contempla tasas del 10,5%, 21% y 27%. La simplificación incluiría la revisión de exenciones y, eventualmente, una baja de la tasa general hacia niveles del 18% o 19%, siempre sujeta al equilibrio fiscal.
Otro punto en estudio es la implementación de un “IVA dual” o sistema de “mochila fiscal”, que dividiría la recaudación entre Nación y provincias. Sin embargo, esta alternativa requeriría amplios consensos políticos.
Pacto fiscal y coparticipación
Con un Congreso más favorable al oficialismo, el Gobierno confía en que tendrá mayor margen para negociar un nuevo pacto fiscal con las provincias, en línea con el acuerdo alcanzado durante la gestión de Mauricio Macri.
La intención es frenar el crecimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de las tasas municipales, como la de Seguridad e Higiene, y promover una reducción gradual de esos tributos considerados distorsivos para la actividad productiva.
En paralelo, también aparece en la agenda la discusión por la Ley de Coparticipación Federal, aunque en este caso se trata de una reforma que exige la aprobación unánime de todas las provincias, lo que la convierte en uno de los desafíos políticos más complejos.
Según deslizan en la Casa Rosada, muchas de estas transformaciones formaban parte del plan original del Gobierno desde el inicio de la gestión. Sin embargo, el contexto fiscal y la correlación de fuerzas en el Congreso obligaron a escalonar los tiempos. Ahora, con mejores indicadores macroeconómicos y un escenario político más alineado, el Ejecutivo busca acelerar su hoja de ruta reformista.
