El debate sobre la sustitución del impuesto a los Ingresos Brutos provincial por un nuevo IVA nacional coparticipable volvió a escena en el ámbito fiscal argentino. Se trata de una idea que reaparece periódicamente, impulsada por sectores productivos que critican la carga distorsiva del actual sistema, y por funcionarios nacionales que buscan simplificar el esquema tributario. Sin embargo, detrás de esa propuesta convive una realidad fiscal que no se puede obviar: Ingresos Brutos es hoy la principal fuente de recaudación de las provincias.
El contador Jorge Simón, exsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos de Santa Fe y autor del reciente libro Sustitución del Impuesto a los Ingresos Brutos, analizó el contexto actual: “Todo el mundo reconoce que Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo, pero recauda. Hoy representa más del 80% de la recaudación propia provincial. Reemplazarlo de un día para otro sería peligroso”, consideró.
Un tributo polémico, pero indispensable
Simón recordó que ya en los años 90 se intentó avanzar en una reforma con los pactos fiscales, y que si bien se lograron algunas mejoras —como la eximición a la actividad primaria y la baja de alícuotas—, nunca se sustituyó el impuesto en su totalidad.
“Para cambiar un tributo como Ingresos Brutos se requiere un régimen transitorio. Brasil lo está haciendo en 7 años, la Unión Europea lo hizo en 3. Necesitamos una transición de al menos 4 o 5 años, no se puede improvisar.”
Además, explicó que otras fuentes provinciales, como Inmobiliario, Patentes o Sellos, tienen una participación marginal, y que muchas provincias no podrían sostener sus presupuestos si no existiera Ingresos Brutos.
¿Cómo sería el “super IVA” nacional?
La propuesta que circula entre algunos sectores técnicos y funcionarios nacionales implica elevar la alícuota del IVA actual (21%) a un 26%, eliminando a la vez el impuesto provincial sobre Ingresos Brutos.
“Los números que se estiman son del orden de un 5% adicional en el IVA. Y casi en su totalidad se eliminaría el carácter distorsivo, porque dejaría de aplicarse en cascada. El IVA permite descontar lo pagado en la etapa anterior; por eso tiene lógica desde el punto de vista técnico”, explicó Simón.
Hoy, Ingresos Brutos grava todas las etapas del proceso productivo y comercial, generando un efecto acumulativo que impacta en los precios y resta competitividad.
Un cambio que exige consenso total
Sin embargo, el mayor obstáculo no es técnico, sino político e institucional. Simón subrayó que la implementación requeriría una ley convenio, enmarcada en la Ley 23.548 de coparticipación federal:
“Esto no lo puede hacer el Ejecutivo por decreto. Se necesita una ley del Congreso Nacional y también la aprobación de las 23 legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es nada sencillo.”
A ello se suma un problema histórico sin resolver: la falta de una nueva ley de coparticipación federal, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
“Hay provincias con fuerte capacidad de generar riqueza y otras que dependen del fisco nacional. Para sancionar una nueva ley de coparticipación se necesita unanimidad. Por eso, pese a la lógica de la reforma, hoy no la veo viable políticamente”, sentenció.
Pensar a largo plazo
Para Simón, cualquier intento serio de reforma tributaria debe pensarse con una proyección de largo plazo: “No se trata de ser peronista, radical o socialista. Se trata de diseñar un sistema tributario que funcione para los próximos 50 años. Y eso requiere un buen acuerdo nacional.”
El debate está abierto. Pero, como advierte Simón, los atajos pueden salir caros: sustituir Ingresos Brutos sin una estrategia consensuada podría ser más riesgoso que mantener el statu quo.
