La diputada nacional por Santa Fe Verónica Razzini impulsa un proyecto de ley que busca resolver uno de los temas más críticos para las pymes argentinas: los juicios laborales con montos actualizados por criterios dispares, que en muchos casos terminan con la quiebra de las empresas y sin cobro efectivo para los trabajadores.
“Cuando aparece un juicio laboral y la empresa quiebra, pierden todos. Pierde el trabajador que no puede cobrar su crédito, pierde la pyme que cierra y deja sin empleo al resto de sus trabajadores. Por eso presentamos este proyecto, para buscar una solución pagable, posible y justa para todos”, explicó Razzini en diálogo con ON24.
Un proyecto con dictamen y listo para llegar al recinto
La iniciativa ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Legislación del Trabajo y Finanzas, y propone una fórmula concreta: actualizar los créditos laborales según el índice de precios al consumidor (IPC-INDEC) más un 3% de interés anual.
Además, deroga el artículo 84 del DNU 70/2023 y prohíbe expresamente el uso del índice CER y la capitalización de intereses anuales. El proyecto también modifica el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo y agrega tres nuevos artículos (276 bis, ter y quáter), con reglas claras sobre cómo y desde cuándo actualizar los créditos laborales.
“Hoy los juicios laborales son una de las principales amenazas para las pymes”
Según Razzini, la falta de un criterio uniforme en la Justicia laboral profundiza el problema: “Hoy cada cámara del país utiliza una metodología distinta para las actualizaciones, desoyendo incluso a la Corte Suprema. Los fallos disparan cifras imposibles de afrontar. Llegan sentencias por 10 millones que, tras ser actualizadas, terminan costando 300 millones. Eso lleva a las empresas al concurso o a la quiebra.”
La diputada explicó que el proyecto fue modificado en las comisiones que lo trataron: “Inicialmente proponíamos actualizar con la tasa de transitividad del Banco Nación. Luego se acordó utilizar el IPC + 3%, pero solo para juicios iniciados después de la entrada en vigencia de la ley. Para los juicios en trámite o pendientes de cobro, se usarán las tasas moratorias que fija el artículo 768 del Código Civil y Comercial, con tasas del BCRA. En esos casos, IPC + 3% anual será solo un tope máximo.”
Además, remarcó que el texto legislativo declara como de orden público las reglas propuestas, y por lo tanto, deben aplicarse de oficio, incluso en concursos y quiebras. También exceptúa a estos créditos laborales de la prohibición de indexar prevista por la Ley de Convertibilidad.
“Estamos construyendo las mayorías para llevarlo al recinto”
Razzini también se refirió a los pasos legislativos que faltan: “Estamos trabajando para conseguir las mayorías necesarias. Si se logra, me encantaría llevar el proyecto al recinto en agosto. Si no, lo esperaremos, pero es clave que se trate este año porque, si no, no podrá volver a debatirse en lo que queda del período legislativo.”
Finalmente, la diputada volvió a insistir en la necesidad de actuar: “Este es un problema que se viene presentando desde hace muchos años. Las pymes están agotadas. Y lo que buscamos con esta ley es una herramienta concreta para evitar que un juicio laboral termine arrasando con todo.”
Respaldo empresarial
La iniciativa no solo cosechó adhesiones en el Congreso, sino también el apoyo de entidades representativas del sector privado. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) emitió el jueves 17 de julio una declaración en la que “reitera su apoyo a la propuesta que recientemente obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Finanzas y que aguarda tratamiento por parte de la Cámara Baja”. Según la entidad, la norma vigente genera “sentencias judiciales con criterios disímiles y por montos desproporcionados, que hacen peligrar la continuidad de numerosas empresas –particularmente pymes– y conspiran contra la creación de empleo genuino”. La CAC considera “claramente superadora del escenario actual” la fórmula que combina IPC‑INDEC más 3%, pues “sin implicar costo fiscal alguno, favorecería la expansión de las empresas, la generación de más y mejores puestos de trabajo y el progreso socioeconómico general”.
En línea, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también manifestó su respaldo al proyecto. En declaraciones publicadas la semana pasada, CAME señaló que la fórmula propuesta brinda “previsibilidad y evita la discrecionalidad en los cálculos judiciales”, y la consideró “razonable en períodos de estabilidad económica”. La entidad valoró especialmente que se incluya un tope que impide que el monto actualizado supere lo que resulta de aplicar al capital original el IPC más un 3% anual, generando así un marco normativo claro y estable.
