Según un informe de Ieral/Fundación Mediterránea, entre enero y septiembre de 2024 Santa Fe se ubicó como la cuarta provincia con mayor volumen de demandas laborales, con 27 juicios cada 1 000 trabajadores registrados. Este fenómeno es parte del repunte nacional: hubo más de 125 000 nuevas demandas en 2024, costosas y crecientes, a pesar de que la siniestralidad laboral se mantuvo estable.
La provincia registró un alza del 21,5 % en litigios por accidentes laborales en 2024, muy por encima del promedio nacional (6,8 %). En Rosario, el incremento fue incluso más pronunciado: 62 % en 2023.
¿Por qué esta explosión de juicios?
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Comisiones Médicas con resultados dispares: tras su implementación en 2021, las comisiones médicas redujeron inicialmente los juicios, pero desde 2023 fracasaron al no reconocer enfermedades laborales —como lumbalgias, hernias y várices— lo que empujó a los trabajadores a llevar los reclamos a la Justicia. El exministro Pusineri lo criticó diciendo que se rechazaban “sistemáticamente” las patologías comunes.
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Incentivos distorsivos para peritos judiciales: los honorarios se calculan en relación al monto indemnizatorio obtenido, lo que genera una motivación para sobreestimarlo.
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Falta de sanciones a demandas frívolas: los costos judiciales no suelen recaer sobre el demandante si el juicio es desestimado, lo que alienta litigios sin fundamento.
Las reformas en marcha en Santa Fe
Ante este escenario, el Gobierno provincial planea dos grandes reformas:
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Reforma de la Cámara de Apelaciones Laborales: se pretende ajustar el funcionamiento de la cámara, considerada parte del problema por su rol en avalar interpretaciones divergentes y permisivas frente a la industria del juicio. Se buscará establecer criterios más rigurosos y armonizar fallos.
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Presión para cambios en peritajes médicos: la Casa Gris insta a la Corte Suprema provincial a regular los peritajes, promoviendo la creación de un cuerpo forense especializado o establecer criterios uniformes para evitar puntos de partida divergentes entre comisiones administrativas y peritos judiciales.
Además, desde el Ministerio de Trabajo se analiza la posibilidad de adherir a cuerpos periciales forenses, como ocurre en provincias como Mendoza, aunque reconocen que esto no siempre garantiza una menor litigiosidad.
¿Qué impacto se espera?
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Más previsibilidad para empleadores: reducir la exposición a juicios por reclamos no fundados, restaurar el equilibrio entre derechos laborales y costos empresariales .
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Reparación justa para trabajadores legítimos, evitando que padezcan rechazos arbitrarios en las comisiones.
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Desestímulo a la informalidad: el temor a litigios desmedidos incentiva la contratación en negro. Una reforma efectiva podría revertir esta tendencia.
📊 Datos clave
| Indicador | Santa Fe (%) | Nacional (%) |
|---|---|---|
| Crecimiento juicios 2024 vs 2023 | +21,5 % | +6,8 % |
| Juicios por 1 000 trabajadores (prov.) | 27 | — |
| Juicios acumulados en 2024 (nuevos casos) | 16 500 aprox. | 125 000 nuevos todo el país |
En síntesis, Santa Fe enfrenta un fenómeno complejo: una jurisprudencia que incentiva juicios excesivos, fallos contradictorios por falta de uniformidad pericial y la ausencia de costos judiciales disuasorios. Para combatir la denominada “industria del juicio”, el Gobierno busca una reforma integral —tanto en la Cámara como en la praxis forense— que combine eficiencia, justicia y previsibilidad.
