En medio de un contexto de ajuste fiscal sin precedentes, el Gobierno nacional redujo su gasto en 4,2 puntos del PBI durante 2024, mientras que las provincias recortaron 1,9 puntos. Sin embargo, el dato más revelador es otro: las 24 jurisdicciones provinciales ya superan a la Nación en el total de recursos ejecutados.
Según un informe del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de la Fundación Libertad, en valores nominales las provincias gastaron $91,6 billones en 2024, frente a los $80,9 billones de la Nación. Esta reconfiguración marca un hito en la estructura del Estado argentino.
El peso del Estado se trasladó hacia las provincias
En 2023, el gasto nacional representaba el 18,1% del PBI y el provincial el 17,3%. En 2024, esa relación se invirtió: la Nación bajó al 13,9% y las provincias al 15,4%. Si bien el ajuste nacional fue más profundo, su margen de maniobra se reduce, ya que gran parte del presupuesto está destinado a prestaciones sociales, jubilaciones y subsidios.
En cambio, las provincias aún conservan herramientas para consolidar sus finanzas, como recortes en estructuras administrativas, regímenes de empleo público y gastos de capital.
Provincias que ajustaron y otras que no
Al desglosar el esfuerzo por distrito, se observa una fuerte heterogeneidad. San Luis lideró el ajuste con una poda de 9 puntos porcentuales de su Producto Geográfico Bruto (PGB). Le siguen La Rioja (-6,5), San Juan (-5), y Tucumán (-4,9). Por el contrario, CABA apenas redujo su gasto en 0,4 puntos y Neuquén incluso aumentó levemente su participación en el PBI.
El análisis también advierte que hay provincias donde el gasto público representa más del 40% del PGB, como Formosa, Misiones o Chaco, mientras que otras no llegan al 10%, como la Ciudad de Buenos Aires. Estas diferencias marcan no solo la desigual distribución del gasto, sino también el margen dispar para implementar ajustes sin costo social o institucional.
¿Qué se espera hacia adelante?
La meta consensuada en el Pacto de Mayo entre Nación y provincias apunta a reducir el gasto consolidado al 25% del PBI, aún lejos del más del 35% registrado en 2023. Para lograrlo, será inevitable que los próximos esfuerzos recaigan sobre los gobiernos subnacionales, cuya estructura de gasto aún presenta amplios márgenes de eficiencia.
