El Gobierno nacional dispuso, a través de la resolución 267/2024, que las provincias y municipios no podrán incluir impuestos ni tasas locales en las facturas de servicios públicos esenciales, como luz, gas y agua. La medida obliga a que las boletas reflejen únicamente el costo del servicio contratado, quedando prohibida la incorporación de conceptos ajenos a su naturaleza —como tasas de seguridad e higiene, aportes a bomberos o contribuciones para hospitales municipales—.
Alcance y fundamentos
Según el Ministerio de Economía, la iniciativa tiene como objetivo proteger al consumidor y mejorar la transparencia del sistema tarifario, eliminando “cobros ocultos” que encarecían el monto final y que muchas veces el usuario desconocía. El incumplimiento podrá ser sancionado bajo la Ley de Defensa del Consumidor, mientras que las empresas distribuidoras tienen un plazo de adecuación de 30 días.
Tensión con intendentes
Sin embargo, el decreto encendió alarmas en distintos municipios, que dependen de estas tasas para financiar servicios locales. Algunos intendentes anticiparon que recurrirán a la Justicia por considerar que la resolución invade la autonomía financiera de los gobiernos locales, consagrada en la Constitución.
Desde el ámbito jurídico, especialistas como el constitucionalista Antonio María Hernández calificaron la norma como “groseramente inconstitucional”, al limitar facultades tributarias propias de las ciudades y comunas.
