El costo de la cuarentena: ¿Cuánto cayó el empleo en Santa Fe?

Un análisis integral, que midió Fundación Libertad durante el año pasado en variables de salud, pero relacionadas con economía y, sobre todo, respeto a libertades y derechos constitucionales.

Fundación Libertad creó en 2020 el Observatorio Provincial de Salud + Economía + Libertad (SEL). Se trata de un sitio dedicado al análisis integral, que midió durante el año pasado las variables de salud, pero relacionadas con economía y, sobre todo, respeto a libertades y derechos constitucionales. Luego de un año de actividad, se presentó un reporte con la información recabada.

A la hora de medir la desocupación, el organismo sostiene que el INDEC subestimó la destrucción laboral ocurrido durante la fase más dura del ASPO, lo cual implica una caída en la cantidad de Población Económicamente Activa (PEA). Ante este panorama, efectuaron un ajuste de la medición, suponiendo que la PEA es, en realidad, la misma que en el primer trimestre del 2020. En este escenario, la tasa de desocupación de Santa Fe escala al 23,6%. La más alta del país se encuentra en Buenos Aires, con un 36,3%. La tasa nacional ajustada es del 28,9%.

En el mismo sentido, SEL indica que todas las provincias, a excepción de Río Negro, han visto mermada la población que integra el mercado laboral. Buenos Aires fue la que mostró la mayor caída (-1.957.290), seguida por CABA (-313.670) y Santa Fe (-182.161). 

Jurisdicción Tasa de desocupación 2do tr Tasa de desocupación ajustada
Argentina 13,1% 28,9%
Buenos Aires 13,8% 36,3%
Tucumán 10,4% 35,4%
La Pampa 7,6% 29,8%
Salta 13,9% 28,9%
Tierra del Fuego 22,0% 27,2%
Chaco 6,1% 26,5%
CABA 11,1% 26,4%
Santiago del Estero 1,8% 25,9%
Santa Fe 17,9% 23,6%
Mendoza 15,3% 22,1%
Catamarca 9,1% 21,8%
Entre Ríos 11,3% 21,6%
Jujuy 7,0% 21,3%
Neuquén 13,5% 19,5%
Formosa 5,7% 18,9%
Corrientes 8,1% 18,8%
Córdoba 19,1% 18,2%
Chubut 3,8% 17,1%
San Luis 2,6% 16,8%
Santa Cruz 4,7% 16,5%
San Juan 6,5% 16,1%
La Rioja 5,0% 8,5%
Misiones 8,2% 5,2%
Río Negro 2,4% 1,7%

 

La tabla refleja que el aumento de la tasa de desempleo de 10,4% a 13,1% se vio enormemente atenuado por el contexto particular de pandemia que evidenció una caída en la PEA. Si la tasa de actividad se hubiese mantenido en niveles precuarentena, el desempleo habría alcanzado un valor cercano al 30% para todo el país.

El cierre masivo de locales fue una de las consecuencias graves que dejó la cuarentena en las PyMEs. Los primeros números reflejan ese impacto: el 15,6% de los locales comerciales del país cerraron, sin registro de que se hayan mudado a zonas más económicas: la tasa de mudanza registrada apenas llega al 0,3%. Es decir, la crisis fue tan profunda que los comercios ni siquiera pudieron compensar mudándose a zonas más baratas, como suele suceder en períodos recesivos.

Cantidad de empresas en Actividad. Año 2020

Jurisdicciones Empresas en Act. en Marzo Empresas en Act. en Noviembre Empresas perdidas  Variación % mar-nov 2020
Buenos Aires 6.833 5.173 1.660 -24,3%
CABA 4.931 4.074 857 -17,4%
Catamarca 163 155 8 -4,9%
Chaco 375 291 84 -22,4%
Chubut 435 389 46 -10,6%
Córdoba 1.774 1.438 336 -18,9%
Corrientes 432 366 66 -15,3%
Entre Ríos 559 438 121 -21,6%
Formosa 186 171 15 -8,1%
Jujuy 179 149 30 -16,8%
La Pampa 206 182 24 -11,6%
La Rioja 117 106 11 -9,4%
Mendoza 966 712 254 -26,3%
Misiones 465 446 19 -4,1%
Neuquén 676 538 138 -20,9%
Río Negro 504 400 104 -20,6%
Salta 480 385 95 -19,8%
San Juan 423 381 42 -10,0%
San Luis 259 204 55 -21,2%
Santa Cruz 169 141 18 -16,6%
Santa Fe 2.093 1.871 222 -10,6%
Santiago del Estero 379 327 52 -13,7%
Tierra del Fuego 232 168 64 -27,6%
Tucumán 572 473 99 -17,3%
Total 23.408 18.978 4.430 -18,9%

 

Aplazo en salud

El informe del Observatorio recuerda que, al primer período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) anunciado por el Presidente Alberto Fernández, vigente del 20 al 31 de marzo de 2020, le siguieron catorce prórrogas, que culminaron en el generalizado Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) que rige en el país desde el 30 de noviembre de 2020.

El confinamiento estricto abarcó inicialmente a todo el territorio del país durante 46 días y luego cambió para establecer medidas de distanciamiento social, con excepción de algunas áreas urbanas como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Debe señalarse que dichas fases se explicitaron con mayor precisión en la segunda parte del año, siendo una suerte de vacío legal y de ambigüedad jurídica durante la primera parte del 2020.

Ha de destacarse que Argentina presentó una serie de medidas extremadamente draconianas al comienzo de la pandemia, que no mostraban un correlato con la situación actual del avance del coronavirus en el país. Argentina se cerró y se aisló al mundo al mismo tiempo en que lo hacían Europa y América del Norte, con la salvedad de que por esas latitudes estaban transitando los picos de la pandemia mientras que Argentina no presentaba casos de contagios oficiales confirmados de relevancia. Al 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, en el país se registraban 373 contagios y 3 fallecidos.

En tal sentido, Argentina mantuvo medidas de aislamiento que duraron en su formato más extremo en todo el territorio del país al menos hasta fines de mayo o mediados de junio, según los indicadores que se tomen en cuenta de los establecidos por el Estado Nacional. Indicadores que fueron, en gran medida, elaborados retroactivamente y sin claridad sanitaria y/o administrativa, ya que Argentina comenzó su cuarentena estricta sin normativa publicada en ninguno de sus boletines oficiales, siendo publicada la misma con posterioridad y de a fragmentos que se actualizaban progresivamente y en ocasiones se contradecían entre sí o con los anteriores.

El resultado de ello, no obstante, es que, al 31 de enero de 2021, Argentina se encuentra entre los 12 países con más casos diagnosticados oficialmente, solo superado por Brasil y Colombia en Latinoamérica.

En cuanto a fallecidos en relación a la población, Argentina ocupa el segundo puesto detrás de Perú en Sudamérica y el puesto número 24 en el mundo, con 1.061 muertos por millón de habitantes.

Entre los 12 países con más casos detectados, Argentina es el séptimo con la tasa de mortalidad más alta -fallecidos por millón-, detrás de Reino Unido, Italia, Estados Unidos, España, México y Francia.

La tasa de letalidad -número de fallecidos en relación al total de casos confirmados, es del 2,5% en Argentina, una ratio menor al de México, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Chile, y mayor al de Brasil, Paraguay y Uruguay en Sudamérica. Este indicador depende en forma directa del número de tests realizados, así como también de la demora de cada país en la carga de datos de los fallecimientos.

En cuanto al número de testeos por millón de habitantes, Argentina se ubica en la posición 111 en una lista de 203 países sobre los cuales hay datos para este indicador, elaborada por el sitio de estadísticas Worldometers. Al 31 de enero de 2021, en el país se llevan realizados 6.226.585 tests, lo cual representa el 13,7% de la población. En tanto la tasa de positividad, es de las once más altas del mundo: 24% en promedio para los últimos 7 días, solo superada por México, Bolivia y Paraguay en Latinoamérica.

Un mal año para la libertad

La LIBERTAD quizá ha sido uno de los aspectos que más ha sufrido los embates de la pandemia y de las decisiones gubernamentales durante la evolución del COVID-19, y probablemente uno de los más complejos para mensurar por, entre otros motivos, la ausencia de datos públicos, la falta de confiabilidad en los datos que sí se encuentran disponibles, y la necesidad de haber definido oportunamente indicadores que fuera factible darles seguimiento en el tiempo.

La Universidad de Oxford ha desarrollado el Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT), que recopila sistemáticamente información sobre las respuestas políticas más comunes de los gobiernos para hacer frente a la pandemia. El estudio comprende 19 indicadores que nos permiten comparar el rigor de las medidas implementadas por más de 180 países.

A la fecha, y de acuerdo Government Stringency Index, uno de los índices que se desprenden del mencionado estudio de Oxford, la respuesta política de Argentina a la crisis sanitaria es más estricta que la de países como Chile, Brasil, México, Uruguay y Bolivia en Latinoamérica, e incluso más estricta que en Italia y España, países con los que frecuentemente nos hemos comparado desde la irrupción de los casos en Europa. Esto se observa no sólo para la foto del 31 de enero de 2021, sino también para prácticamente todo el período en el que transcurre la pandemia en el país, notando que el valor del índice alcanza el 100 (nivel más estricto de cierres) desde el 20 de marzo a fines de abril de 2020.

Según un informe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, seis de cada diez países en el mundo tomaron medidas problemáticas en materia de derechos humanos o de normas democráticas para enfrentar la pandemia de coronavirus. En el caso de la Argentina, los campos más vulnerados por el gobierno son: la libertad de circulación, la integridad y seguridad personal. Todo eso puede apreciarse en los datos duros de este reporte de Fundación Libertad.

No es un detalle menor que el Estado Nacional, dado que normativamente no podía crear nuevos delitos por ser esa una potestad exclusiva del Congreso Nacional, rápidamente interpretó polémicamente que el Código Penal ya incluía dos delitos que podían vincularse al no cumplimiento de las medidas sanitarias: propagar intencionalmente una enfermedad peligrosa y contagiosa (art. 202, prisión de tres a quince años); e incumplir medidas para impedir la introducción o propagación de una epidemia (art. 205, prisión de seis meses a dos años). De cualquier forma, los casos de incumplimiento al aislamiento sólo se sucedieron en los primeros meses del aislamiento, dándose luego una no persecución penal ni preventiva por parte de las autoridades correspondientes.

Debe dedicarse un apartado al caso de la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán, la cual fue motivo de denuncia internacional por Amnesty International y por Human Rights Watch, por múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los residentes formoseños, quienes durante toda la pandemia se vieron cercenados en sus libertades individuales según las denuncias efectuadas, por ejemplo imposibilitándose su libre movimiento, su egreso o ingreso a la provincia, o deteniéndoseles en denominados “Centros de Aislamiento”, los cuales no contaban con condiciones dignas de vivienda.

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