La reforma del régimen de biocombustibles volvió a ocupar un lugar central en la agenda industrial argentina. En medio de las diferencias entre las grandes compañías aceiteras y las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, defendió ante la Cámara de Diputados el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y pidió avanzar con su aprobación sin introducir nuevos cambios.
Durante su exposición ante la Comisión de Energía y Combustibles, el dirigente planteó que la discusión excede los intereses particulares de las empresas y representa una definición estratégica para el desarrollo agroindustrial del país. En ese sentido, destacó el peso económico de las cadenas de la soja y el maíz, que en conjunto generan cerca de 900.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Según los datos presentados por Idígoras, el complejo maicero sostiene unos 446.000 empleos, mientras que el sojero aporta alrededor de 450.000. También puso el foco en el aporte exportador de ambas actividades: el maíz se ubica entre los principales productos de exportación argentinos y la industria sojera, concentrada especialmente en las terminales portuarias del Gran Rosario, constituye una de las principales fuentes de ingreso de divisas.
El Gran Rosario, en el centro de la discusión
Uno de los principales argumentos de CIARA para impulsar una modificación del marco regulatorio está relacionado con las restricciones que actualmente pesan sobre la industria del biodiésel.
Idígoras señaló que aproximadamente el 70% de la capacidad instalada de molienda y transesterificación de la Argentina no puede participar del abastecimiento del mercado interno. Se trata, fundamentalmente, de instalaciones vinculadas al complejo aceitero exportador, muchas de ellas ubicadas en el polo industrial y portuario del sur santafesino.
Para el titular de CIARA, esa limitación genera una distorsión competitiva que impide aprovechar plenamente la infraestructura industrial existente y dificulta el desarrollo de nuevos negocios.
Además, sostuvo que contar con reglas transparentes y condiciones de competencia en el mercado doméstico resulta determinante para mejorar las posibilidades de exportar biodiésel. En su planteo, la Argentina necesita un esquema regulatorio que le permita negociar la apertura de nuevos destinos internacionales sin mantener restricciones que condicionen la participación de sus propias empresas.
El debate entre alimentos y energía
Otro de los puntos abordados por Idígoras fue la relación entre la producción de biocombustibles y el abastecimiento de alimentos. Frente a los cuestionamientos que históricamente plantearon una posible competencia entre ambas actividades, el dirigente sostuvo que la industrialización de materias primas agrícolas puede potenciar simultáneamente los dos sectores.
Explicó que el procesamiento de soja y maíz destinado a la producción energética genera subproductos de alto valor nutricional, entre ellos harinas proteicas utilizadas para alimentar las cadenas ganaderas, avícolas y porcinas.
También vinculó la discusión local con el escenario internacional. Según indicó, más de 65 países cuentan con políticas que promueven la incorporación de biocombustibles a sus matrices energéticas, como parte de una estrategia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
En ese contexto, consideró que la Argentina tiene condiciones productivas e industriales para ampliar su participación en ese mercado, siempre que consiga actualizar su legislación y generar previsibilidad para las inversiones.
Las diferencias con las pymes y el acuerdo del Senado
El principal foco de tensión dentro del sector está puesto en el biodiésel. A diferencia del bioetanol, donde Idígoras aseguró que existe un amplio consenso entre las industrias vinculadas al maíz y la caña de azúcar, la distribución del mercado de biodiésel enfrenta posiciones contrapuestas.
Por un lado, las grandes empresas aceiteras plantean la necesidad de habilitar una mayor competencia y permitir que las plantas de mayor escala puedan participar del abastecimiento interno. Por otro, las pymes regionales que invirtieron bajo el régimen anterior advierten sobre el impacto que una modificación de las reglas podría tener sobre su continuidad y sus fuentes de trabajo.
El titular de CIARA reconoció que el proyecto aprobado por el Senado no satisface completamente a ninguno de los sectores involucrados. Sin embargo, valoró el proceso de negociación que permitió introducir modificaciones a la propuesta original del Poder Ejecutivo y alcanzar un entendimiento con participación de legisladores, gobernadores y funcionarios provinciales.
Desde esa perspectiva, consideró que el texto representa el equilibrio posible entre intereses productivos diferentes y reclamó que la Cámara baja acompañe la iniciativa para evitar que nuevas modificaciones reabran una negociación que demandó meses de trabajo.
La discusión legislativa tiene especial relevancia para Santa Fe, donde se concentra buena parte de la capacidad industrial aceitera y exportadora del país. El resultado de la reforma podría redefinir las condiciones de participación de las empresas en el mercado interno y abrir una nueva etapa para las inversiones en biocombustibles.
