La Justicia declaró la quiebra con continuidad laboral de Algodonera Avellaneda, la textil de la familia Vicentin, después de que fracasaran las negociaciones con sus acreedores y el proceso de salvataje quedara sin interesados. La nueva etapa apunta a preservar las plantas industriales y los puestos de trabajo, mientras se procura una eventual venta de la compañía en funcionamiento o de sus unidades de negocio.
La resolución fue firmada el miércoles 14 de octubre por el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista. La firma llegó a esta instancia con deudas financieras verificadas por más de US$ 260 millones y obligaciones posteriores a su presentación en concurso estimadas en más de $6.000 millones.
Los síndicos, al frente
Con el fallo, la conducción de la empresa quedó en manos de los síndicos, que asumieron la administración y disposición de sus bienes. Los administradores del Grupo Vicentin fueron desplazados, quedaron inhabilitados y no podrán salir del país sin autorización judicial.
La sindicatura deberá presentar un plan operativo, un presupuesto de ingresos y gastos, la nómina del personal indispensable y los mecanismos de control de los fondos generados durante esta etapa.
La prioridad es conservar el valor productivo de los establecimientos y favorecer una venta de la empresa en marcha o de sus unidades de negocio, siempre que esa alternativa permita obtener un mejor resultado que la liquidación individual de los activos.
Algodonera Avellaneda cuenta con tres unidades industriales: la hilandería de Reconquista, su principal activo, que venía funcionando al 60% de su capacidad, y dos plantas desmotadoras ubicadas en Chaco y Santiago del Estero.
El peso de la deuda
El Banco Nación, que concentra más del 80% del pasivo, fue determinante en el fracaso de las negociaciones. La entidad rechazó las propuestas de pago de la textil al considerar que ofrecían una recuperación marginal frente al monto adeudado.
El deterioro financiero continuó durante el concurso. A las deudas financieras por más de US$ 260 millones, además de las obligaciones en pesos, se sumaron compromisos posconcursales por más de $6.000 millones, vinculados con costos operativos, servicios públicos e impuestos que la compañía no pudo afrontar.
Salvataje sin interesados
Después de distintas prórrogas para negociar con sus acreedores, el juzgado habilitó el mecanismo de salvataje, conocido como cramdown. Esa instancia permitía que acreedores, cooperativas de trabajadores o terceros interesados formularan una propuesta de acuerdo y adquirieran las acciones de la sociedad.
La apertura fue dispuesta el 14 de septiembre, con un registro de inscripción que se extendió entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. El plazo venció sin inscriptos y terminó de agotar las alternativas para evitar la quiebra.
El juez convocó a una audiencia para el 22 de octubre, con participación de acreedores, trabajadores, prestadores de servicios de producción para terceros y otros interesados. Allí se abordarán las cuestiones vinculadas con esta nueva etapa, centrada en la continuidad laboral y la eventual venta de los activos productivos.
