El debate por una nueva legislación sobre semillas volvió a instalarse en la agenda agropecuaria luego de que el presidente Javier Milei planteara la necesidad de modernizar el régimen de propiedad intelectual en el sector. La iniciativa se da en el marco de compromisos asumidos por el país con Estados Unidos y reavivó una discusión histórica entre productores y empresas semilleras.
Desde la llamada Mesa de Enlace —que reúne a las principales entidades rurales— la posición es clara: existe acuerdo en que la ley vigente debe actualizarse, pero rechazan que el camino sea la adhesión al convenio internacional conocido como UPOV 91.
Actualmente, la Argentina está adherida al acta de 1978 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, un esquema que regula la propiedad intelectual sobre nuevas variedades de semillas. La versión de 1991 del tratado refuerza los derechos de los desarrolladores de genética vegetal y modifica el alcance del llamado “uso propio”, es decir, la posibilidad de que los productores reserven parte de su cosecha para volver a sembrarla sin pagar nuevas regalías.
Ese punto es uno de los principales focos de conflicto. Para muchas entidades de productores, el nuevo convenio implicaría restricciones sobre una práctica histórica en el agro argentino y alteraría el equilibrio entre quienes desarrollan tecnología y quienes la utilizan en el campo.
Dirigentes rurales sostienen que es posible actualizar la normativa local sin necesidad de adoptar el estándar internacional. Según esa visión, el país podría reforzar los mecanismos para proteger la propiedad intelectual y mejorar el sistema de control y cobro de regalías sin modificar principios centrales del esquema actual.
En el sector agropecuario también remarcan que el marco vigente permitió el desarrollo de la biotecnología y la adopción de variedades modernas durante décadas. Por ese motivo, consideran que el desafío pasa por generar reglas claras que incentiven la innovación, pero manteniendo el derecho de los productores a reutilizar semillas bajo determinadas condiciones.
La discusión se intensificó luego de que el Gobierno nacional volviera a mencionar la cuestión de las semillas como uno de los ejes para impulsar una mayor productividad del agro argentino. La idea oficial es fortalecer la protección a quienes desarrollan genética vegetal, con el objetivo de atraer inversiones y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías.
Sin embargo, en el campo temen que la adhesión al convenio internacional genere mayores costos para los productores y concentre aún más el control de la tecnología en manos de las grandes compañías semilleras.
En este contexto, distintas organizaciones rurales aseguran que están trabajando en una propuesta alternativa para modificar la ley vigente y lograr un consenso que pueda ser debatido en el Congreso. La intención es encontrar un equilibrio entre incentivar la innovación tecnológica y preservar las prácticas productivas tradicionales del agro argentino.
La discusión promete reabrir un viejo conflicto en el sector: cómo equilibrar la protección de la propiedad intelectual con la competitividad del sistema productivo y el acceso a la tecnología en el campo.
