El gobierno de Santa Fe decidió avanzar con una estrategia institucional y técnica para enfrentar la decisión de la Unión Europea de reclasificar a la soja argentina como materia prima de “alto riesgo” ambiental, una medida que podría restringir el ingreso del biodiésel al mercado europeo y generar un fuerte impacto económico en la provincia. Según informó El Litoral, la administración santafesina ya articula acciones junto al sector privado y el gobierno nacional para canalizar un planteo formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, advirtió que el impacto potencial de esta medida es significativo. De acuerdo a las estimaciones oficiales, Argentina podría perder exportaciones por unos US$ 350 millones, con consecuencias directas sobre la actividad industrial y el empleo. El funcionario remarcó que el biodiésel representa una actividad estratégica para Santa Fe, tanto por su aporte en divisas como por su peso en la cadena productiva regional.
En este contexto, la provincia conformó un frente institucional y productivo con el objetivo de elaborar un informe técnico que respalde la posición argentina y contribuya a la defensa del sector ante organismos internacionales. La iniciativa busca aportar fundamentos científicos, económicos y legales que cuestionen la clasificación aplicada por la Unión Europea.
Como parte de esta estrategia, el gobierno santafesino formalizó su participación en el proceso mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, que declaró el tema de interés ministerial y creó un grupo de trabajo específico. Este equipo está integrado por áreas técnicas del Estado provincial, especialistas, representantes académicos y actores de la cadena productiva del biodiésel.
La secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada, sostuvo que la decisión europea carece de fundamentos técnicos sólidos y podría constituir una barrera comercial encubierta. En ese sentido, destacó que la provincia concentra la totalidad de las exportaciones argentinas de biodiésel, lo que la convierte en el principal actor afectado por cualquier restricción en este mercado.
El eje del conflicto se vincula con el criterio denominado ILUC (Cambio Indirecto del Uso del Suelo), utilizado por la Comisión Europea para evaluar el impacto ambiental de los cultivos destinados a biocombustibles. Bajo este parámetro, la soja argentina fue considerada de alto riesgo, lo que limita su utilización en la producción de biodiésel dentro del bloque europeo.
Desde el sector industrial, entidades como la Cámara de la Industria Aceitera interpretan la medida como una decisión con sesgo proteccionista, en un contexto de tensiones comerciales vinculadas al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En esa línea, la provincia busca demostrar que el modelo productivo argentino cumple con estándares de sostenibilidad y que el biodiésel constituye una fuente de innovación, empleo y valor agregado.
La ofensiva santafesina se da en paralelo a una semana clave en el plano político y comercial, con definiciones vinculadas al acuerdo Mercosur–Unión Europea y la representación diplomática argentina en Bruselas. En ese marco, el gobierno provincial apuesta a fortalecer la posición nacional con respaldo técnico y político, con el objetivo de evitar un virtual bloqueo a uno de sus principales complejos exportadores.
