La decisión del municipio de Funes de avanzar con la concesión de un centro de convenciones con propuesta gastronómica en un predio estratégico de la ciudad abrió un nuevo frente de discusión política. Desde la oposición, el concejal Ignacio Rímini advirtió que el proceso presenta “demasiada premura” y carece de definiciones técnicas que, a su entender, deberían haberse establecido antes del llamado.
El proyecto se emplaza sobre la autopista Rosario–Córdoba, a la altura de calle Galindo, en uno de los principales accesos a la ciudad. El terreno, que cuenta con una histórica afectación de perfil turístico, fue incorporado en diciembre pasado a una ordenanza aprobada por unanimidad en el Concejo, que habilitó su destino como parque educativo, turístico y recreativo, abriendo la puerta a una concesión.
Rímini aclaró que el bloque opositor acompañó esa norma por considerar que puede representar una oportunidad de desarrollo para la ciudad. Sin embargo, marcó diferencias respecto a la forma en que el Ejecutivo —encabezado por el intendente Roly Santacroce— puso en marcha la licitación.
Entre los principales cuestionamientos figura el plazo otorgado para la presentación de propuestas. El llamado fue publicado el 26 de enero y establece menos de un mes para que los interesados elaboren y presenten ofertas integrales, en pleno receso estival. Para el edil, ese cronograma limita la posibilidad de una competencia amplia y efectiva.
Además, señaló que la ordenanza votada fija lineamientos generales sobre el uso del predio, pero no define indicadores urbanísticos específicos como superficies máximas, límites constructivos o características edilicias. “Son aspectos que deberían estar claramente establecidos antes de convocar a los oferentes”, sostuvo el edil en diálogo con LT8 Radio Rosario.
Desde la oposición también subrayan que el Concejo no se encuentra en período de sesiones ordinarias durante el verano, lo que impide discutir eventuales ajustes normativos en paralelo al proceso licitatorio.
A pesar de las críticas, Rímini consideró que el procedimiento es aún “corregible”. Entiende que el Ejecutivo podría extender los plazos y que, con el reinicio de la actividad legislativa en marzo, se podrían incorporar precisiones mediante una ordenanza complementaria.
El planteo de fondo, según explicó, no es frenar el proyecto sino garantizar condiciones claras y competitivas. “Una licitación es saludable cuando permite comparar distintas propuestas y elegir la más conveniente para la ciudad. Si hay dudas o falta de información, eso termina debilitando el proceso”, resumió.
Así, mientras el oficialismo impulsa la iniciativa como una apuesta para fortalecer el perfil turístico y de eventos de Funes, la oposición reclama mayor previsión normativa y tiempos más amplios para asegurar transparencia y pluralidad de ofertas.
